La Consejería de Cultura y Turismo reclama al Ayuntamiento la devolución íntegra de al ayuda directa que otorgó para la elaboración del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja y su Acueducto, un documento con el que deben contar todas las ciudades declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En este sentido, la Junta concedió una ayuda de 100.000 euros, a través de una orden de la citada Consejería, el 11 de diciembre de 2020 pero el anterior gobierno municipal no adjudicó el contrato a una consultora especializada hasta agosto del año pasado, y lo hizo por 84.095 euros, por lo que ya en su momento, y de forma voluntaria, el consistorio devolvió la cantidad no empleada con ese fin.

El alcalde, José Mazarías, ha informado esta semana de que el Ayuntamiento está intentando «salvar la subvención» porque la reclamación se debe a que no se han justificado en plazo los gastos   de la elaboración del plan, que sí está redactado y entregado.

En este sentido, responsabiliza al anterior gobierno municipal y concretamente a la ex alcaldesa  socialista Clara Martín, quien además gestionaba directamente el área de Patrimonio Histórico. Para Mazarías «no fue capaz de cumplir», y señala que ha habido «torpeza y desidia» a la hora de presentar la justificación de los gastos.

La reclamación por parte de la Junta del reintegro de la subvención se produjo inicialmente el pasado mes de mayo, durante la campaña electoral de las municipales, según Martín, quien asegura que el anterior equipo de gobierno presentó alegaciones porque entiende que «los trabajos se terminaron a tiempo y se justificaron conforme a lo establecido en la orden de concesión de la subvención. Entiende que no se especificó la obligación de justificar el pago de una factura que, añade, se demoró únicamente 13 días porque fue necesario aprobarlo en la Junta de Gobierno Local y también contar con el visto bueno de la Intervención municipal.

Sin embargo, las alegaciones no han sido estimadas por la Consejería de Cultura, por lo que el Ayuntamiento presentó un recurso de reposición el pasado mes de octubre. De desestimarse, el alcalde no descarta recurrir a la vía judicial con un recurso contencioso-administrativo.