El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, un indicador que se conoce como tasa Arope, se situó en Castilla y León el pasado año en el 19,8 por ciento, lo que supone un incremento 3,1 puntos con respecto a 2019, según la Encuesta de Condiciones de Vida, lo que supone casi 80.000 personas más durante la pandemia, hasta un total de casi medio millón de castellanos y leoneses en esta situación . No obstante, la Comunidad se posicionó muy por debajo de la media nacional que se situó en el 26,4 por ciento, 1,1 puntos por encima de los niveles del pasado año. Con estas cifras, la Comunidad es la cuarta con la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más baja de todo el país, solo superada por Navarra (12%), País Vasco (13,9%) y Aragón (18,5%). Las más elevadas se dieron en Extremadura (38,7%), Canarias (36,3%), Andalucía (35,1%), Murcia (29,8) y Castilla-La Mancha (29,8%).
Además, el informe recoge que el riesgo de pobreza en Castilla y León se situó en el 15,1 por ciento, 2,2 puntos por debajo del registrado un año antes, mientras que ese indicador en el conjunto del país descendió medio punto y bajó al 21 por ciento.
El estudio también concreta que los ingresos medios anuales netos por persona se situaron en Castilla y León en 12.697 euros (694 más que el año precedente), mientras que en España alcanzaron los 12.292, 388 menos que en 2019. Los ingresos anuales más elevados se dieron en País Vasco (15.813 euros); Navarra (15.094) y Madrid (14.580). En el extremo opuesto se situaron Extremadura (9.147), Murcia (9.850), Canarias (9.935) y Andalucía (9.990).
La encuesta del INE, recogida por Ical, precisa que el 8,4 por ciento de los hogares de la Comunidad tiene «muchas dificultades» para llegar a final de mes, más del doble del pasado año cuando este porcentaje se situaba en el cuatro por ciento.
El informe también refleja que el 24,7 por ciento de los hogares de Castilla y León no tenía en 2020 capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un descenso de medio punto con relación a 2019. No obstante, en este apartado los niveles de la Comunidad también son mejores que la media nacional, que se sitúa en el 35,4 por ciento. Además, solo el 6,9 por ciento de los hogares experimenta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal.