Segovia sigue sin excarcelaciones por la ley del 'sí es sí'

DS
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Acumula seis condenas revisadas y una de ellas reducidas, aunque no derivó en la puesta en libertad del procesado.

Segovia sigue sin excarcelaciones por la ley del 'sí es sí'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado este lunes la cifra de beneficiados por la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como 'ley del solo sí es sí', y ha elevado a 1.205 las reducciones de pena y a 121 las excarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2022. Las reducciones suponen el 31,4% de los casos revisados.

En el caso concreto de Segovia, su Audiencia ha revisado seis condenas, de las cuales decidió rebajar una, aunque no derivó en la puesta en libertad del procesado. La Audiencia Provincial de Segovia rebajó de 12 a nueve años la pena de prisión impuesta a un agresor sexual que amenazó con un cuchillo a su prima y la violó en abril 2011 en la vivienda de una localidad de la provincia en la que ella había accedido a acogerle temporalmente.

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, el órgano de gobierno de los jueces señala que son datos a 1 de septiembre recabados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia (TSJ) y las audiencias provinciales. Los datos suponen un leve repunte del número de rebajas y excarcelaciones, que el pasado 1 de julio se situaba en 1.155 reducciones y 117 excarcelaciones.

Según los datos facilitados, el Supremo ha acordado 34 reducciones de condena --sentencias dictadas en recurso de casación-- lo que supone el 33% de las revisiones a las que ha hecho frente este tribunal. En cuanto a la Audiencia Nacional, con una sola reducción, supone el 14,3% de las revisiones.

En los TSJ la cifra de reducciones es de 168 y 10 excarcelaciones, el 33,1% de los casos revisados; mientras que en las Audiencias Provinciales es donde más casos de reducciones se registran, con 1002 rebajas y 111 excarcelaciones, el 31,3% de los casos revisados.

El CGPJ ofrece los datos desagregados de los diferentes TSJ, y destaca a la cabeza de reducciones el de Madrid con 54, seguido de Andalucía con 17, e Islas Baleares y Cataluña con 16. Les sigue el TSJ de Asturias y el de la Comunidad Valenciana con 10 reducciones de condena, Castilla-La Mancha con 8, Navarra 7, y Aragón y Canarias con 6.

Los TSJ que menos reducciones han aplicado son el de Cantabria (0), La Rioja (1), Castilla y León (2), País Vasco y Extremadura (3), Murcia (4) y Galicia (5). En cuanto a excarcelaciones, los TSJ no han acordado ninguna nueva desde el 1 de julio y sigue el número en 10: Navarra 5, Aragón 3, Andalucía 1 y País Vasco 1.

Matiza el órgano de gobierno de los jueces que esos datos de los TSJ corresponden a resoluciones dictadas en recursos de apelación planteados bien contra sentencias de instancia, bien contra resoluciones dictadas por las audiencias provinciales en el trámite de revisión de penas.

LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES. En cuanto a las audiencias provinciales, la de Madrid ha reducido condena en 130 casos de un total de 493 revisiones; la de Barcelona 66 rebajas de 160 sentencias revisadas; la de Valencia 57; la de Alicante 55 reducciones; Cádiz 50; Vizcaya 42; Baleares 48; y Sevilla 40. De ellas, la que más excarcelaciones ha realizado ha sido Madrid con 19 seguida de Cádiz con 8; Sevilla, Baleares y Vizcaya con 6; y Barcelona, Burgos, Castellón, Murcia y Valencia con 5.

Por contra, las audiencias que menos reducciones han aplicado son las de Ávila (0), Segovia (1), Soria (1), La Rioja (1), Cuenca (2) y Palencia (2). En cuanto a excarcelaciones, en la parte baja están Valladolid, Teruel, Toledo, Soria, Segovia, Salamanca, Navarra, Lleida, León, La Rioja, Jaén, Huesca, Granada, Guipuzcoa, Cuenca, Cáceres, Ávila, Albacete y A Coruña con ninguna puesta en libertad.

El CGPJ indica no obstante que en los datos ofrecidos no se incluyen las revisiones de pena que puedan haber tramitado los Juzgados de lo Penal, competentes para enjuiciar delitos contra la libertad sexual penados con hasta cinco años de prisión, ante la dificultad de recabar esta información de los órganos unipersonales