El alcalde de Segovia, José Mazarías, ya advirtió semanas antes de su investidura del 17 de junio que veía al PP con fuerza suficiente como para no tener que pactar con nadie, pese a quedarse a un concejal de la mayoría absoluta; y su discutida decisión de sacar a la oposición de las juntas de gobierno local, en las que venía participando con voz pero sin voto desde hace tres mandatos, supone un nuevo giro de tuerca en el sentido de marcar distancias, pero arriesgando más si cabe dentro de un escenario político local que, curiosamente, coincide con el que defendía Feijóo esta semana al hablar sobre cuándo debe pactar su partido y cuándo no, al ser preguntado sobre las negociaciones del PP con Vox en distintas instituciones.
«En aquellos sitios donde Vox necesita votar que sí, porque no tenemos los votos suficientes y no superamos a toda la izquierda, lo lógico es que Vox forme parte del Gobierno para el que vota sí. Pero donde no necesitamos el sí, lo lógico es que Vox se mantenga fuera del Gobierno», argumentó.
Volviendo al ámbito local, el escenario que dejó el 28M en Segovia es justo ese, ya que el PP tiene 12 concejales de 25 en el Ayuntamiento de Segovia, y para alcanzar la mayoría mínima necesaria para sacar adelante los asuntos que lleve a pleno no necesita un sí de nadie más. Pero sí requiere al menos una abstención que no siempre sale gratis ni mucho menos, aunque no por ello ha habido concesiones respecto a la asistencia a las juntas de gobierno local.
Mazarías considera que, «salvando distancias», la Junta de Gobierno es como un Consejo de Ministros a escala local, tal y como decía este jueves; de ahí que piense que sólo debe haber concejales del PP. Claro que los populares pedían participar en este órgano cuando eran oposición y el PSOE se lo permitió (como al resto de grupos), aunque fuera con voz y sin voto, ¿es entonces incoherente sacar a la oposición ahora que gobiernan, como le han afeado los socialistas? «Este un nuevo equipo de Gobierno, y este Gobierno no tiene la necesidad de hacer pactos con nadie», respondía también a la prensa, en este caso el pasado lunes.
El portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, sin embargo, también considera que el PP «tiene como objetivo dificultar la labor de fiscalización y oposición», restando a su vez transparencia.
«Hace tres mandatos que el Gobierno local empezó a permitir que la oposición entrara en las juntas de gobierno, y ahora, el alcalde que decía que iba a ser el del diálogo incumple su palabra, y encima da pasos atrás en participación y transparencia», añadía Ángel Galindo (IU).
RETRIBUCIONES. Entretanto, con el pleno de organización del mandato convocado para este viernes se desvelaba en los días previos la propuesta del PP sobre retribuciones. El alcalde cobrará por ahora como su predecesora, 66.191,39 euros brutos al año, aunque el jueves no ocultaba que prevé subidas próximamente, ya que ahora aún no podía hacerlo por no tener la partida necesaria habilitada en presupuesto. No obstante, con respecto al final del mandato pasado, aumentan de ocho a catorce los ediles con nómina, suponiendo que todos acepten hacer uso de tal asignación que, de momento, es una reserva, con tres sueldos fijos más para el Gobierno y tres más para la oposición. Así puede subir el gasto global en estas nóminas de 400.000 a un máximo de 650.000 euros, si bien la diferencia real no será de 250.000, sino menor, porque habrá menos ediles con dietas por asistir a sesiones de pleno, juntas de gobierno y demás, al ser éstas incompatibles con los sueldos.
Del equipo de Gobierno que acabó el mandato anterior (PSOE e IU), siete de doce tenían sueldo, y en el actual serán diez de doce: seis de ellos, con 54.104,71 euros al año por dedicación del 100% al Ayuntamiento; otros dos, con 51.399,47 al 95%, con un margen del 5% menos de jornada que les permite obtener ingresos del sector privado (siempre y cuando no sean actividades consideradas incompatibles con su cargo público, claro); y uno, 27.052,35 euros brutos al año con una liberación del 50%. Asimismo, se reservan cuatro sueldos del 60% (32.462,83 euros) para portavoces de la oposición.
Para la exalcaldesa y ahora portavoz del principal grupo de la oposición, Clara Martín (PSOE), «ahí se ven las diferentes formas de ver la actividad política desde un equipo de Gobierno: nosotros, dedicados en parte a nuestra actividad profesional en la empresa privada sin dejar de atender nuestras responsabilidades públicas, y ellos haciendo de las designaciones del Gobierno su oficio», criticaba este jueves.Galindo, mientras, cuestionaba sobre todo las dedicaciones al 95%,«un apaño para obtener sueldos públicos casi íntegros y aun así poder tener otros ingresos aparte». Y San Juan, crítico directamente con las tablas salariales, ya que «un concejal con dedicación del 100% triplica el salario medio de un segoviano, y se debería cobrar de acuerdo a lo razonable dentro de su entorno, por encima de límites legales». Opiniones de todo tipo, por tanto, y decisiones nunca exentas de polémica cuando se habla de participación, diálogo y salarios en política.