El exfiscal jefe de Segovia, Antonio Silva Jaraquemada, falleció este pasado miércoles a los 76 años y ha sido enterrado en la localidad de Puebla del Maestre (Badajoz), según publica el digital 'El Español'. Era el padre de la modelo Eugenia Silva.
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1947, ingresó en la carrera fiscal en 1974 y pasó por Vizcaya, Cádiz y Toledo antes de situarse al frente de la Fiscalía Provincial de Segovia hace ahora 18 años. En la sede de la calle San Agustín, uno de los primeros casos relevantes que tuvo que afrontar fue el asesinato de la joven segoviana Cristina Gala Enjuto a manos de un compañero de la todavía entonces Universidad SEK, resuelto con una condena de veinte de años de cárcel tras el juicio con jurado que se celebró en la Audiencia Provincial.
Ajeno a las asociaciones profesionales judiciales -no formaba parte de ninguna-, lamentaba en El Día de Segovia que "yo jamás he podido acceder al Supremo o a una fiscalía de peso porque no era cromo para cambiar". "Así me lo dijo un ministro cuyo nombre me voy a callar. Hay que partir de la base de que, tanto en la carrera fiscal como en la judicial, sólo el 50 por ciento –si llega– están asociados. El resto no pertenecemos a ninguna asociación y ese hecho implica que no existimos. Para las referencias públicas, para las huelgas, para la prensa…", criticaba, al tiempo que llamaba la atención sobre la "politización" de la Justicia: "Está claro que existe. Por ejemplo, en la conformación de las asociaciones de jueces y fiscales, que para mí deberían desaparecer. Demasiado bien va la Justicia para lo que tenemos", añadía.
Él estuvo inmerso en una polémica por su negativa a acusar en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia al no apreciar delito. Al verse rodeado incluso llegó a abrir diligencias -poco después archivadas- contra el abogado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, que dio a entender que la posición de la Fiscalía se debía a "motivos inconfesables e insostenibles". En la última sesión del caso, la fiscal encargada del caso, Pilar Orleta, volvió a insistir en que el procedimiento que se sigue contra los exdirectivos de Caja Segovia es un ejemplo de "enfrentamiento entre dos realidades, la moralidad y la legalidad" y que el plan de prejubilaciones se diseñó y se ejecutó conforme a la ley.
Las dudas en torno a la gestión de Segovia 21 fue de los asuntos que marcó el final de una carrera que en la provincia también le ha hecho partícipe de investigaciones que causaron un gran impacto social. Como la muerte de un hombre en su domicilio de La Granja a manos supuestamente del hijo de su pareja en 2006, aunque este finalmente fue absuelto. O el caso de la mujer que abandonó a su bebé recién nacido en un pinar de Chatún, en diciembre de 2011, y que fue condenada a diez años de prisión.
En abril de 2019 cerró su etapa como fiscal jefe de Segovia, cargo en el que fue sustituido por la actual fiscal jefa, Inmaculada Martínez.