Unión de Campesinos de Segovia-UCCL denunció hoy que los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Transición Ecológica y Reto Demográfico "se desentienden" de la prevención de daños de la fauna silvestre a la agricultura y la ganadería, al "inhibirse de su obligación" de elaborar un proyecto de ley de gestión de estas especies para evitar daños agrarios. Este requerimiento, aprobado en la ley de la PAC de diciembre de 2022, fue traslado por escrito por la organización agraria al considerar "una dejadez de funciones ante un gravísimo problema para el sector", según un comunicado.
La Ley 30/2022 de Gestión de la PAC contempla en su disposición adicional novena que el Gobierno, en un plazo de nueve meses que ya expiró el 3 de octubre del pasado año, debía presentar a las Cortes un proyecto de ley de gestión de la fauna cinegética y fauna silvestre para el control y prevención contra los daños ocasionados a la agricultura y ganadería. Dicho proyecto debía incluir además la creación de un inventario de daños.
Ante su ausencia, Unión de Uniones requirió tanto al Ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica para el cumplimiento de esta disposición adicional, con respuestas "absolutamente decepcionantes" de ambos.
Agricultura argumentó que solo tiene competencias en materia cinegética y trasladó "la pelota" al Miteco, responsable de biodiversidad. En cuanto a este, "rehúsa asumir la responsabilidad de redactar el proyecto porque no dispone de información adecuada sobre los daños causados".
Igualmente, el Miteco explica que para afrontar esta "problemática", la Ley 42/2027 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad "permite excepciones a la protección de la fauna silvestre, siempre que no exista otra alternativa o solución satisfactoria y sin perjudicar nunca a la conservación de las poblaciones de que se trate". En este sentido, el Ministerio que dirige Teresa Ribera "entiende que proteger los cultivos es la mejor solución y que, en todo caso, cualquier actuación en zonas de titularidad pública que pretenda el control poblacional requiere de la autorización de las comunidades autónomas", según Unión de Campesinos de Segovia-UCCL.
A juicio de la opa, "estas son, otra vez, excusas de mal pagador para no cumplir con sus obligaciones". La organización señaló que el "problema de los daños por fauna silvestre a los cultivos y por contaminación de enfermedades a la ganadería es cada vez más grave, está cada vez más extendido, el volumen de los perjuicios económicos es cada vez mayor, hasta el punto de que en muchos casos ya ni se pueden asegurar, y que las administraciones no hacen nada efectivo para atajarlo".
"Es paradójico que se diga que no se tiene información sobre los daños, pero no se pongan a trabajar en un proyecto de ley que incluya un inventario de estos", criticaron desde la organización. De la misma forma, prosiguió, "sostener que la protección de los cultivos es una solución eficaz, demuestra que se desconoce totalmente la problemática sobre el terreno".
Alternativas "costosas"
UCCL expuso que los protectores y las vallas son una "alternativa costosa que se ha demostrado en las parcelas que es inútil en muchas zonas cuando hay una explosión de población de la fauna". Además, recordó que el "perjuicio no se produce únicamente sobre las parcelas agrícolas, sino también sobre las granjas, porque la fauna silvestre actúa de reservorio de enfermedades del ganado, como la tuberculosis, debido a la cual se sacrifican sobre 22.000 vacas al año".
Ante esta situación acerca de la fauna silvestre y otros muchos problemas que afectan a los agricultores y ganaderos españoles, Unión de Campesinos de Segovia-UCCL ha convocado un acto de protesta el próximo 21 de febrero en Madrid que finalizará en las puertas del Ministerio de Agricultura.