Al comienzo de la semana el juez García-Castellón daba a conocer la sentencia que exculpaba a 40 personas, en su mayoría políticos conocidos por sus altas responsabilidades institucionales, del delito que se les imputaba: la utilización de dinero público para su prestigio personal. El juez sostiene que le ha resultado imposible «distinguir entre la promoción institucional del cargo que ocupa una persona y su prestigio personal», razón por la cual no encontró pruebas por las que pudieran serle atribuidos a los imputados (ahora se dice investigados) los delitos de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La sentencia está en la línea del relato utilizado con anterioridad por la Audiencia Nacional en una pieza separada del mismo asunto (Operación Púnica bautizada por la Guardia Civil) que afectaba a hechos similares de dos políticos de Castilla y León. El alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y el que fuera presidente de la Diputación leonesa, Marcos Martínez. Ambos condenados a ocho años y medio de inhabilitación, pero no por haber utilizado dinero para su autopromoción, sino por haber infringido la Ley de Contratos del Sector Público en la adjudicación de la publicidad.
La sentencia tiene un profundo calado. Más allá de aplicar la presunción de inocencia ante la falta de pruebas inequívocas que pudieran demostrar la existencia del delito, como es de rigor en derecho, la argumentación del juez explicita la duda sobre la utilización del dinero público con fines honestos o espurios. Es una línea tan sutil que el juez ha preferido dar carpetazo a un escándalo que se viene arrastrando desde hace nueve años, por entender que la autopromoción personal del cargo político y la reputación de la institución que representa vienen a ser dos elementos en ineludible simbiosis. El problema no es nuevo, pero con la aparición de internet sus dimensiones son ya infinitas. Es barato mentir, resulta impune incluso, y resulta imposible discernir entre la propaganda y la publicidad, la primera con ánimo de instalar una verdad patrimonializada, políticamente excluyente, y la segunda como servicio público.