No está enunciado expresamente en la Constitución Española, pero el derecho al descanso se recoge de forma transversal en algunos de sus artículos; que van desde los aspectos sanitarios hasta los laborales.

De esta forma, algo tan cotidiano como ir a la cama tras una jornada laboral en ocasiones se convierte en toda una odisea si se tiene la mala fortuna de tener un vecindario que organiza estridentes fiestas hasta bien entrada la madrugada durante varios días a la semana, o vivir en una zona con proliferación de establecimientos hosteleros.

Aunque Segovia presume de ser una ciudad tranquila, no lo es tanto para muchas familias que a diario ven perturbado su derecho al descanso por los ruidos nocturnos, y tras años de padecer este problema, han decidido canalizar sus quejas a través de una plataforma ciudadana que pretende ser no sólo altavoz de las protestas, sino garante de que se cumpla la normativa municipal que regula y sanciona las conductas que la vulnera.

A mediados de este mes, la Plataforma contra el Ruido se hizo visible a la sociedad a través de un manifiesto en el que en diez puntos exigen al Ayuntamiento el cumplimiento de la ordenanza municipal y la aplicación del régimen sancionador a los expedientes abiertos por la Policía Local  por este motivo, y destacan los problemas sanitarios y de convivencia que acarrea el exceso de ruido en horas intempestivas

El planteamiento del decálogo parece obvio, pero la realidad es otra distinta. Natalia Martín Cantero, portavoz de la Plataforma, señala que sólo entre las personas que conforman este colctivo se han cursado más de 60 denuncias en los últimos meses, sin que ninguna de ellas haya desembocado en multa o sanción.

«Los expedientes sancionadores no se tramitan. Las denuncias escritas a las que se refiere la ordenanza, tanto de los afectados como de la Policía Local quedan archivadas en la Concejalía de Urbanismo, y esto es una grave irregularidad del Ayuntamiento; que según fuentes jurídicas consultadas, podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa por omisión».

El Ayuntamiento ha hecho llegar a otras asociaciones vecinales como la del Recinto Amurallado (AVRAS) la imposibilidad de poder tramitar estas sanciones por falta de personal, hecho que en opinión de la Plataforma es «inadmisible, porque de acuerdo con la ley, la competencia es irrenunciable», asegura Martín Cantero.

Al margen de las sanciones, reclaman también una mayor dotación de medios para la Policía Local en materia de control y medición acústica cuando se solicita su presencia para verificar el incumplimiento de la normativa.

Sobre este aspecto, Natalia Martín precisa que en ocasiones, «llamar a la Policía local supone aumentar el tiempo de vigilia, porque disponen de pocos sonómetros y a veces hay que esperar bastante a que puedan llegar si tienen actuaciones en materia de ruido en una misma noche», señala.

La Plataforma lamenta la ausencia de diálogo con el Ayuntamiento, pese a haber solicitado ya un encuentro para poner sobre la mesa los problemas y las posibles soluciones derivadas del ruido. Además, critican la falta de transparencia municipal, al no haber obtenido hasta la fecha respuesta sobre las sanciones por ruidos en el interior de las viviendas, al igual que otras informaciones sobre ruido que han solicitado.

De este modo, Martín Cantero asegura que el colectivo se plantea presentar una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno «para el caso de que el Ayuntamiento persista en su actitud despectiva frente a nuestras legítimas reclamaciones».
La piedra de toque del ruido en Segovia está en la proliferación de pisos de estudiantes universitarios vinculados al campus de IE University, que según los datos esgrimidos por la plataforma ocupan el 25% de los inmuebles destinados a tal fin en el centro histórico de la ciudad.

Martín Cantero señala que la Plataforma «no quiere criminalizar a los estudiantes, sino establecer normas de convivencia y que la normativa se cumpla para todos». Por ello, no descartan solicitar un encuentro con los responsables universitarios para tratar de buscar cauces para la sensibilización de la comunidad universitaria sobre este particular.

«No queremos poner el acento en los universitarios, pero queremos vivir y que se respete el derecho al descanso, porque nadie está por encima de eso», asegura.

Ejemplos de ciudades como Valladolid o Valencia, donde se está estudiando la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en las que se han instalado sonómetros fijos para el control de ruidos a iniciativa de las asociaciones vecinales podrían ser aplicables a Segovia, aunque Martín Cantero precisa que estas medidas «son una cuestión de voluntad política».

Por lo pronto, la Plataforma tiene como objetivo inmediato dar visibilidad a su manifiesto, al que se puede acceder en la web del colecitvo https://contraelruidoensegovia.wordpress.com y que pretenden presentar a los grupos políticos y asociaciones vecinales.