El primer semestre de la nueva Política Agraria Común (PAC), que tiene que regir los destinos del campo hasta 2027, termina el 30 de junio en medio de una de las peores sequías que se recuerdan y de complicaciones por la dimensión de los cambios, que multiplican la burocracia y requieren una digitalización para la que muchos productores necesitan más tiempo, o directamente no están preparados. Ese mismo día, además, finaliza el plazo para solicitar las subvenciones, prorrogado a pesar de que en un principio se dijo que no iba a ocurrir.

Esta nueva PAC, que beneficia a unos 630.000 agricultores y ganaderos españoles, entró en vigor con el campo acarreando las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la inflación alimentaria. Nuestro país es el tercero más beneficiado de la PAC con más de 47.000 millones de euros -7.150 millones anuales-.

Las dos novedades principales de la PAC son el incremento de la responsabilidad de los Gobiernos a la hora de aplicarla mediante el Plan Estratégico Nacional y la implantación de los eco-regímenes, que obligan a los profesionales a prestar determinados servicios al medio ambiente para tener acceso a un 23% de las ayudas. Esta figura, a la que España destinará 1.017 millones de euros anuales, son en la práctica la principal innovación para la gestión del agricultor. Su cumplimiento es importante para completar la subvención y más en un año en que la sequía va a mermar las cosechas.

A pesar del desconcierto que ha reinado a la hora de acogerse a estos eco-regímenes y gracias sobre todo a la labor de las organizaciones agrarias, alrededor del 80% de la superficie agraria quedará sujeta a alguno de los nueve existentes, según revelaba el Ministerio la semana pasada. Entre otras medidas, los eco-regímenes (anteriormente llamados ecoesquemas) promueven prácticas contra la erosión, el establecimiento de una cubierta vegetal -que en las zonas con más problemas de agua se está implantando con dificultad- o la rotación de cultivos.

Otra innovación compleja es la introducción de un cuaderno de explotación digitalizado para planificar los cultivos y aprovechar mejor todos los datos que hasta ahora, en muchos casos, estaban solo en papel. Las organizaciones agrarias y las cooperativas han señalado que la media de edad de los agricultores y su falta de preparación en asuntos digitales están complicando mucho su implantación. Por ello, y a pesar de que el Ministerio ya ha retrasado su aplicación, solicitan que se demore su obligatoriedad lo más posible porque la propia PAC permite que no sea efectiva hasta 2026.

El director de relaciones internacionales de ASAJA, Ignacio López, califica como «caóticos» estos primeros seis meses de aplicación porque «se ha triplicado» el tiempo que se tarda en tramitar cada solicitud y las organizaciones agrarias están «desbordadas». Pero además la sequía, añade, ha contribuido a que en el campo español se esté produciendo «la tormenta perfecta», con bajas cosechas y problemas de abastecimiento materias primas.

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, reconoce la complejidad añadida por la sequía, pero se pregunta si «existen años normales». «Tenemos ya el cambio climático, los eco-regímenes no son realistas y sus características se han diseñado en un despacho». El decreto para paliar la sequía ha flexibilizado, no obstante, requisitos como los demandados para la declaración de un «agricultor activo», para el número de cabezas ganaderas mínimas requeridas en los eco-regímenes o en exigencias sobre la rotación con legumbres. Según Miguel, la nueva PAC supone «una telaraña que regula hasta las prácticas más específicas y una vuelta a la burocratización, además de reducir la autonomía del agricultor».

López recuerda que cuando el 1 de marzo se abrió el plazo para pedir las ayudas aún se estaba revisando la normativa y las aplicaciones informáticas no estaban puestas al día. «Se han juntado muchas cosas», señala, y a este respecto apunta que la convocatoria de elecciones autonómicas ha supuesto que sus Ejecutivos convocaran ayudas en unos plazos que se solapaban con los de la PAC, lo que duplicaba el trabajo para los profesionales técnicos.

ASAJA advierte del «colapso» del sistema de gestión.

ASAJA en Castilla-La Mancha ha advertido de las incidencias en las tramitaciones de las solicitudes únicas de la PAC debido, en gran parte, a los problemas de funcionamiento en el Sistema de Gestión de Ayudas (SGA). La organización agraria, que lleva avisando a la Administración de esta situación «desde el inicio de la campaña de la PAC», ha lamentado que la recta final está siendo «completamente caótica» por «falta de tiempo y de recursos» y, a pesar de las advertencias, «continúan produciéndose fallos de los que no son responsables ni agricultores y ganaderos, ni tampoco los propios técnicos de las entidades agrarias colaboradoras.

ASAJA ha señalado que, además de la implementación de las novedades de la reforma de la PAC, hay que considerar también los continuos cambios que se han producido este año en mitad de la campaña, como la activación de las ayudas de la sequía, que han obligado a abrir expedientes ya registrados, o las últimas flexibilizaciones aprobadas, que no se han adaptado correctamente en la aplicación informática y que multiplican el trabajo de los gestores. En definitiva, la organización agraria ha lamentado la «multitud de problemas» para la gestión de unas ayudas «tan importantes para los agricultores y ganaderos» españoles.