No solo resiste las sacudidas de la crisis económica derivada de la pandemia, sino que incluso ha aumentado su actividad. El sector de la construcción, que fuera la principal víctima de la crisis de 2008, se ha mantenido a flote y navega con viento a favor, también en Segovia, gracias, fundamentalmente, a la creciente demanda de trabajos de reforma de viviendas. La clave está en que el confinamiento ha servido para que muchos propietarios se decidan a contratar obras de mejora en sus domicilios.
Las ‘reformas’ han sido la tabla de salvación de las empresas de construcción de Segovia, la mayoría pymes, que, por el momento, se han mantenido inmunes a la pandemia. En el último año, la actividad de las pequeñas empresas en Segovia ha aumentado un 20%, mientras a día de hoy la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción (APIC) no tiene constancia de que haya trabajadores del sector en ERTE, según explica su presidente Javier Carretero.
La agrupación representa a unas 300 empresas que dan empleo a unos 1.300 trabajadores. El 80% se corresponden con pequeñas empresas, que mantienen plantillas de entre 5 y 10 trabajadores —solo un 3%, apenas una decena, emplea a más de 20—; todas dedicadas a reformas en viviendas y casas unifamiliares: ventanas, suelos, tejados o ascensores.
El presidente de APIC, Javier Carretero. - Foto: Rosa Blanco«La pandemia no nos ha afectado demasiado», afirma Carretero, que precisa cómo el sector apenas ha frenado su actividad en el último año. Lo hizo por completo tan solo durante diez días —coincidentes con la Semana Santa— cuando se ordenó el parón total, incluso de la industria, y de forma puntual, al principio de la crisis, por las dudas legales que generaba el trabajo en el interior de las viviendas, finalmente solventadas. Fueron pequeños conflictos generados con las comunidades de propietarios, sobre el hecho de poder atravesar o no las zonas comunes de los edificios para acceder a reformas en viviendas. «Casi todos los problemas que tuvieron las empresas se solucionaron dando una semana o quince días de vacaciones a sus empleados. Si alguna se acogió a un ERTE, la situación no se prolongó más de un mes. Poco a poco se aclararon las dudas legales y se volvió a la actividad», recuerda el presidente de APIC, que matiza como ya en mayo, antes del verano, el sector retomó la actividad «con fuerza», ante la creciente demanda de propietarios. «Fueron al menos cuatro meses sin salir apenas de casa y los propietarios detectaron problemas en sus viviendas que les resultaban incómodas; pedían cambio de ventanas, baños o cocinas hasta incluso reformas integrales. Se ha trabajado bastante», añade Carretero.
INVERSIÓN PÚBLICA. En Segovia no hay empresas con capacidad y certificación para asumir los grandes proyectos de inversión pública, aunque sí han sido subcontratadas para trabajos auxiliares. No ha faltado trabajo. Lo hicieron en las obras para el desdoblamiento de la SG-20, donde se contrataron a empresas segovianas suministradoras de hormigones o ferrallas, «generando empleo, aunque no mucho».
En la actualidad, también hay empresas subcontratadas para el nuevo edificio de los Juzgados, trabajos que —en su tercera adjudicación—deberá finalizar la UTE formada por Civis Global y Geosa. «Las grandes empresas de fuera presentan ofertas con bajas temerarias y luego se ven obligadas a presentar concurso de acreedores. Hacen lo que sea por trabajar, cogen dos certificaciones y lo dejan (…) No tenemos problema en que vengan empresas de fuera, pero tienen que cumplir con sus pagos porque al final dejan colgadas a las empresas segovianas».
En el horizonte, el sector permanece expectante a otras obras de fuerte inversión pública, como el nuevo parque de Tejadilla —con una inversión prevista de 3,8 millones— o la rehabilitación del teatro Cervantes, con un presupuesto de 8.788.542,59 euros.
Pese al buen momento que vive el sector, el presidente de APIC opta por la prudencia. «Estamos contentos pero, al mismo tiempo, expectantes», afirma Carretero, porque «ahora tenemos trabajo, pero no sabemos qué ocurrirá dentro de tres o cuatro meses». En este sentido, el presidente de APIC admite que el desplome de sectores como la hostelería y la prolongación de trabajadores en ERTES «nos tendrá que repercutir, aunque no sabemos en qué medida».
Uno de los grandes problemas del sector obedece a la ausencia de suficiente mano de obra cualificada. Cuesta encontrar albañiles. Por otro lado, Carretero asegura que el desplome que vivió el sector con aquella crisis no es comparable a la que padece ahora la hostelería, sometida a cierres y restricciones por culpa de la pandemia.
«A la construcción le pasó entonces lo que ahora a la hostelería ¡pero multiplicado por diez! A nosotros nadie nos ayudaba, éramos las ovejas negras (..) A la hostelería ahora se le señala y culpabiliza y tampoco es justo. Nosotros les apoyamos. Entonces nosotros nos quedamos solos, sin créditos ICO, sin ERTES…». La actividad en la construcción cayó entonces un 70%. En 2006 existían alrededor de 300 empresas, casi las mismas que ahora, aunque el sector daba empleo a más de 3.000 personas, el doble que en la actualidad.
Con la esperanza puesta en el PEAHIS pese a los «retrasos». Tras diez años de trámites y burocracia, en 2020 entró en vigor el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), un documento urbanístico que afecta al 43% del suelo urbano consolidado de la ciudad. Proyectos de obras en edificios del casco antiguo o de barrios como San Millán o Santa Eulalia permanecían en espera, pendientes del PEAHIS. Sin embargo, «llegó la pandemia y hay proyectos que no se han presentado por este motivo y que creemos que se meterán ahora [para su aprobación]», afirma el presidente de APIC. Javier Carretero, que admite que el instrumento urbanístico «nos va a dar mucho movimiento», en referencia a un mayor volumen de trabajo, especialmente de rehabilitación de viviendas. No obstante, la patronal cree que la decisión de constituir una Comisión de Seguimiento que vele por que los proyectos presentados se ajusten a este ordenamiento urbanístico supone un escollo para agilizar y simplificar la concesión de las licencias.
«Ahora los proyectos tienen que pasar por este filtro. No sabemos si los retrasos son por este filtro o por la pandemia, que es lo que nos dicen», afirma Carretero, que tiene constancia de que varios proyectos de obras han sido ya presentados al amparo del PEAHIS.
Sobre el funcionamiento de la Oficina de Urbanismo, Carretero sostiene que «siempre ha sido un cao»”. «La nueva concejala [Clara Martín] pone como excusa la pandemia. Vamos a darle un voto de confianza. Sí que es cierto que se han agilizado ciertos trámites (…) pero falta rapidez en la concesión de licencias. Notamos recelo y y desconfianza. Siempre piensan que les queremos engañar, miran los proyectos cien veces y al final todo se retrasa».