No hacía falta tener carné de profeta para avizorar que las contorsiones de leyes que impulsa Pedro Sánchez en su afán bulímico por renovar la investidura serían origen de protestas y tensiones. Tiranteces en las relaciones entre los partidos y las instituciones judiciales afectadas por las presiones y, como corolario, tensiones en la calle. Las concentraciones realizadas en los últimos días en varias ciudades españolas, singularmente en Madrid, y las manifestaciones convocadas en este caso por el PP en todas las capitales españolas para este fin de semana describen un panorama de crispación que podría ser cortado de raíz sí el presidente en funciones rompiera las negociaciones que mantienen sus enviados a Bruselas con el prófugo expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, a quien ofrecen una amnistía que saldaría con la impunidad todas sus cuentas con la Justicia.
Pero no lo hará.
Hasta ahora, en su trayectoria política, Sánchez no ha dejado la menor huella de un mínimo compromiso con la ética. El principio maquiavélico según el cual el "fin justifica los medios", que según recientes palabras suyas se traduce en "hacer de la necesidad virtud", parece ser su lema. Ese pragmatismo falto de escrúpulos le llevó en la anterior legislatura a indultar a una tanda de dirigentes separatistas catalanes condenados por el golpe del "procés" y a modificar el Código Penal liquidando el delito de sedición y rebajando las penas por el de malversación. Y ahora está negociando completar la entrega con una ley de amnistía a la carta en cuya redacción y regateo participan algunos de quienes se beneficiaran de ella si, como parece, puede salir adelante. Esta es la almendra de la cuestión. El origen de la indignación y la sensación de humillación que empuja a muchos ciudadanos decentes a salir a la calle a protestar por el atropello que se estaría perpetrando.
En paralelo está la provocación que desnaturaliza las protestas. La actuación de grupos ultras de las diversas tribus urbanas de estética parafascista cuya irrupción violenta altera la normalidad de las concentraciones provocando actos de violencia que obligan a intervenir a la Policía. Unas veces con más ponderación que en otras. Pero qué más allá de algún exceso- utilizar gases lacrimógenos-, cumplen con su obligación de proteger el orden público. Por volver al núcleo de esta situación que se avizora que va a prolongarse en el tiempo, lo que cuesta entender es que en la España de nuestros días dos individuos -Pedro Sánchez y Carles Puigdemont-, cada uno en su laberinto de ambiciones políticas, tengan en sus solas manos el futuro de la gobernación de nuestro país. Es a ellos y hacia lo que están perpetrando hacia dónde hay que mirar para entender el porqué de este otoño político tan tenso.