La nueva presidenta de la Asociación de Vecinos de San Andrés, Blanca García, no puede evitar la comparación. «Es una pena cómo se encuentran las calles Daoiz y Marqués del Arco frente al resto del barrio, que está precioso», señala esta joven enfermera, para la que tampoco han pasado desapercibidas las marañas de cables que cuelgan de las fachadas en esa zona, lugar de paso predilecto de los miles de turistas que visitan cada año el Alcázar. Una de las peores caras de Segovia se revela sin remedio desde hace años ante la mirada de un mundo que llega para admirar una ciudad declarada  Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por suerte, la solución está más cerca.

Además de la reurbanización del eje Catedral-Alcázar, que el Ayuntamiento pretende ejecutar en los próximos meses y que incluye la supresión de cables de las fachadas, la nueva Ley General de Telecomunicaciones que los grupos parlamentarios aprobaron definitivamente este jueves también da pasos en este sentido. Según ha publicado  'El Periódico de España' y confirma el dipurado del PSOE por Segovia, José Luis Aceves, el texto pondrá freno al acopio  de redes de comunicaciones en las fachadas de los edificios.

La redacción del artículo 49.8 incorpora diez palabras claves para alcanzar ese propósito. «(...) debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual». El párrafo siguiente remarca la necesidad de proteger el patrimonio artístico y cultural de las agresiones estéticas provocadas especialmente en los últimos tiempos por el despliegue de la fibra óptica. Un blindaje que la nueva ley extiende a los conjuntos que cuenten con la categoría de «bien de interés cultural declarada por las administraciones competentes».

En Segovia, el cableado del principal eje turístico, mal sujeto en diversos puntos, lleva años deteriorándose ante la falta de acuerdos entre el Ayuntamiento, empresas y propietarios pese a las indicaciones de la Unesco y, más tarde, de Patrimonio. Hasta ahora cada ciudad lo ha resuelto como ha podido. El asunto tiene múltiples aristas. La estética y la seguridad chocaban frente al derecho a recibir en los inmuebles servicio eléctrico y de comunicaciones. Todo en medio de una laguna legal que ha generado numerosos conflictos.

«Es algo con lo que lidiamos habitualmente», reconoce la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia, Natalia Grande. «Por ejemplo, cuando tenemos que hacer arreglos de fachadas en comunidades hay que estar solicitando que te vengan a retirar los cables y demás, y nos genera muchos quebraderos de cabeza». Más reciente es el problema de la fibra óptica, cuyo despliegue se ha convertido en punto del orden del día en las reuniones de comunidad de muchos edificios. «Lo malo es para el primero. Cuando ya hay fibra óptica de una compañía, el siguiente solo tiene que comunicarlo y cumplir, eso sí, una serie de requisitos porque el cable no puede ir por cualquier lado. Aunque las compañías saben perfectamente por dónde lo tienen que llevar porque ya están muy acostumbradas», explica Grande.

El artículo 49.8 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones obligará a los operadores a «hacer uso de las canalizaciones» o del «interior de las edificaciones» para «la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas». Ante casos en los que resulte imposible el soterramiento, la ley deja la puerta abierta a «efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes». No obstante, los grupos parlamentarios han acordado que ese método de despliegue se utilice solo «con carácter excepcional» y respetando las categorías de protección histórica-artística de los inmuebles que hayan aprobado las administraciones. Cuando sean inevitables los despliegues aéreos, las empresas tendrán que «adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual».

Una premisa que actualmente no se cumple en demasiadas ocasiones, en opinión de la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Segovia. «En Segovia, la mayoría son edificios antiguos y hay problemas porque un vecino tiene Orange, el otroMovistar y el otro Vodafone. Al final hay mil cables», apunta. Las mejoras en este ámbito requieren inversiones. «Lo bueno sería que se soterraran todos los cables. Si se aprueba finalmente esta parte de la ley, tendrían que dedicar una parte de los fondos europeos para subvencionar el soterramiento a las comunidades. Nos evitaríamos problemas», argumenta la propia Grande, que sin embargo es pesimista: «A nivel nacional no van a hacer nada y a nivel autonómico y local tampoco. Y las comunidades en cuanto tengan que poner un poquito van a decir que están hasta arriba con la subida del gásoleo. No pueden. Hay comunidades que lo están pasando mal. En este caso no tendría que ser una subvención tipo las obras en las que te dan el 80 por ciento, pero a lo mejor sí una partida como cuando se han hecho los temas de la TDT».