En plena campaña electoral se le acumulan los frentes judiciales al alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso (PSOE), que este jueves quiso salir al paso del último caso con posibles consecuencias penales que ha trascendido. Arropado por cuatro de los cinco concejales de su equipo de Gobierno (Paloma Ramírez, Antonio Martín Marugán, Raquel Herrero y David Tapias; Jaime Huertas no pudo asistir por motivos laborales), el regidor negó la comisión de «ningún delito» en el cobro de las tasas municipales a una empresa que organizó un evento en La Granja el pasado mes de septiembre para promocionar un nuevo coche eléctrico.
Los concejales del PP en el Ayuntamiento del Real Sitio, Juan Carlos Gómez, José Luis Martín Plaza y Celia Juárez, se ratificaron el pasado 27 de abril en la denuncia que presentaron el 12 de diciembre por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en relación a este caso. Los populares aseguran que el Ayuntamiento liquidó –a la empresa que organizaba el acto promocional– el coste de la ocupación de la vía pública en base a la ordenanza número 10 –que regula la ocupación de terrenos de uso público con mercancías materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en todo el término municipal, como contenedores y asimilados– en lugar de aplicar la ordenanza número 12, que se refiere a la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. En opinión de los ediles de la PP, esta actuación municipal permitió a la empresa ahorrarse 40.000 euros injustamente por la ocupación de los terrenos. En lugar de abonar 44.500 euros –como correspondía, según los denunciantes–, pagó 4.500 al aplicarse la ordenanza 10.
El alcalde defendió este jueves que no se ha cometido ningún delito y confió en que la denuncia quede archivada «en un plazo rápido». Alonso alegó la existencia de dos expedientes. Uno por la ocupación del área de autocaravanas y del aparcamiento de la Puerta de la Reina para estacionar los coches del modelo que se promocionaba, al que se aplicó la ordenanza 10, que conllevaba el pago de 4.500 euros, y otro por las grabaciones que iba a efectuar una agencia francesa la mañana del 29 de septiembre, por la que se cobró 523,24 euros. «Según ellos [los denunciantes] estuvieron los 36 días grabando, pero no hemos conseguido que nadie nos envíe las imágenes que grabaron y en los spots que hemos intentado visualizar y que hemos visto en las redes sociales y en Internet no conseguimos ver ninguna imagen de nuestro municipio», argumentó el alcalde del Real Sitio.
El PP, que se queja de las dificultades que ha tenido para acceder a la información de este asunto, también sospecha porque el Ayuntamiento, «por indicaciones del alcalde», realizó una primera liquidación de 3.000 euros antes de la celebración del evento en base a la ordenanza 12, y otra posterior de 1.500. «Era la primera vez que teníamos un evento de estas características en el municipio no sabíamos cómo se iba a desarrollar y por los espacios que habían solicitado se liquida de manera provisional una primera cantidad para cubrir al menos el espacio que presumiblemente iban a ocupar. Una vez sabido los espacios que iban a ocupar, ya se ajusta», esgrimió este jueves Alonso, que respecto a la mención de la ordenanza número 12 en lugar de la 10 en uno de los informes asegura que se trató de «un error en el encabezamiento, porque en el cuerpo del informe se desarrollaba la ordenanza 10».
Sobre el otro caso que investiga un juzgado, que ordenó requisar varios expedientes en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso el pasado 3 de mayo, Alonso ha señalado que no tienen «nada que esconder» y que se mantiene el secreto de sumario.