El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia , del que es titular el magistrado Raúl Martín Arribas, ha estimado el recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segovia, declarando que no se ajusta a derecho la adjudicación a la asociación ‘Trípode Cultural’, por 14.999 euros, inferior al límite de los contratos menores, para la dirección del Festival de Cine Europeo, por un decreto de la Alcaldía. Se condena en costas al Ayuntamiento, si bien queda reducida a 750 euros, teniendo en cuenta la cuantía del recurso –inferior a 30.000 euros– y la naturaleza y complejidad de las cuestiones debatidas, no cabiendo recurso.
Entre otros argumentos, el magistrado expone en la sentencia que «la asociación se presentó como tres personas físicas. No se comprobó solvencia profesional y económica, ni estatutos de la asociación. Como asociación la adjudicataria no había dirigido ni coordinado festival, pero si tenía experiencia sus miembros».
Asimismo añade que el informe del coordinador de Cultura «no cumple con los requisitos de motivación necesarios, dado que usa una fórmula estereotipada, que impide un adecuado control de las razones que a su juicio existen para entender que otros contratos menores tienen sustantividad propia que no son complementarias del contrato de dirección».
CELOSO. Advierte la sentencia que «debe ser especialmente celoso en este caso, cuando la adjudicación se realiza a una asociación cultural [’Trípode’], y al mismo tiempo se adjudican dos contratos menores a dos de sus integrantes y en la que algunos de los elementos del contrato son parcialmente coincidentes».
También el magistrado subraya que en el presente caso «no ha existido informe jurídico sino la realización de un informe con connotaciones jurídicas, debiendo entender que para efectuar [éste] es necesario tener la capacitación profesional que lo da los estudios en Derecho, del que se carece de constancia tenga el coordinador cultural».
Horas antes de hacerse pública la sentencia, la Asociación ‘Tripode’, que ha cobrado ya una factura de 8.468,79 euros, según fuentes próximas al caso, anunció que toma «la triste pero firme decisión de distanciarnos de esta iniciativa», lamentando verse envueltos «en un fuego cruzado político».
La Concejalía afirmó anoche en un comunicado que «estamos únicamente ante cuestionamiento de un procedimiento administrativo concreto, sin ninguna trascendencia jurídica. A esto habría que añadir que en materia de cultura los procedimientos no se rigen por criterios únicamente económicos, sino que se tiene en cuenta la idoneidad cultural de los proyectos». Asimismo rebate los argumentos judiciales, acatando la sentencia.
El portavoz popular, Pablo Pérez, que ofrece una rueda de prensa, este viernes, ha señalado que el juez ha confirmado la sospecha que tenían de «dedazo» en la adjudicación, y la portavoz de Cs, Noemí Otero, pide que se depuren responsabilidades «de inmediato».