La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), UGT y CCOO se unieron hoy en Valladolid para defender la continuidad del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) al que ven "en peligro de extinción". Para ello, apelaron al "espíritu de democrático" del PP, socio de gobierno de Vox en la Junta, y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para que revierta la decisión de eliminar la fundación que gestiona este organismo autónomo de mediación.
Representantes de la patronal y los sindicatos, junto a catedráticos y profesores de universidad, participaron este martes en la jornada de presentación del informe a iniciativa propia 'El sistema de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León', que se celebró en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad.
La directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos Fernández, lamentó la situación de "confrontación" de la Junta con el diálogo social, algo "incomprensible" desde punto de vista es incomprensible desde el punto de vista "democrático, constitucional y europeísta". Por ello, apeló al "espíritu democrático" del PP que recordó ha impulsado este modelo de concertación hasta llevarlo -dijo- a lo largo de su historia a "lugares de vanguardia".
Insistió en que el diálogo social de la Comunidad es "pionero" y "vanguardista" y destacó que se ha traducido en un "montón de iniciativas y normativas de gran relevancia" para el progreso social y económico de la Comunidad. Además, recordó la reciente recomendación de la Comisión Europea y del Consejo que pretende impulsar el diálogo social y apela a la creación y el mantenimiento de organismos de solución autónoma de conflictos laborales, gestionados por interlocutores sociales.
En la misma línea, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente Peralta, aseguró que se vive un "momento decisivo" y apoyó el diálogo social en una comunidad que remarcó ha sido "pionera a lo largo de unas décadas" y con un resultado "muy positivo" para las relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, así como para el "entendimiento" de sindicatos y empresarios, a través del Serla, que en estos momentos está "en peligro de extinción".
Por ello, pidió a la Junta y a su presidente que reconsideren la opción que han tomado y que mantenga el servicio de mediación, el "alma" del diálogo social, sobre el que están de acuerdo sindicatos y empresarios. Además, advirtió de las consecuencias "irreparables" de su supresión para los trabajadores y propias empresas. También, indicó que es algo que cualquier país del mundo tiene como un "valor" y reiteró el apoyo del SIMA para que se replantee la eliminación del Serla.
Por su parte, la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, pidió "encarecidamente" a los dos partidos que gobiernan en la Junta, PP y Vox, que reviertan su decisión de retirar la financiación e iniciar la supresión del Serla. A su juicio, lo que se pretende hacer es un "atentado" contra los derechos democráticos y añadió que esto "pone en riesgo" la convivencia entre empresas y trabajadores.
Por ello, Ruiz reivindicó el cumplimiento de los derechos constitucionales y advirtió a la Junta que la decisión que ha tomado no va a evitar que haya conflicto. De hecho, "más allá de un supuesto ahorro económico", que sostuvo "no va a llegar", señaló que se producirá una "ruptura" en la convivencia dentro de las empresas al no contar con un servicio previo de mediación antes de la huelga o una demanda, que señaló siempre es un "fracaso" en las relaciones laborales.
"¿Cuantas horas de huelga va a ocasionar esta eliminación de un servicio de mediación y arbitraje? Seguramente muchas, tantas como se ha evitado en el pasado", dijo la dirigente de UGT, quien auguró que la supresión del Serla va traer conflicto, horas de huelga, pérdida de competitividad y de confianza entre trabajadores y confianza.