El campo se ha echado a la calle con tractoradas que no sólo preocupan por las consecuencias que ya están teniendo desde la semana pasada y especialmente este mismo martes en numerosos puntos del país, sin que Segovia sea precisamente una excepción, sino porque el calendario de movilizaciones apunta a tener continuidad varias semanas más. Durante todo el mes de febrero y además con unidad de acción de las principales organizaciones agrarias, según advertían ya el pasado viernes, tras reunirse con el ministro del ramo, Luis Planas. ¿Pero por qué protestan?
En el origen de las movilizaciones está el hundimiento de precios de los productos agrarios que atribuyen a la eliminación de aranceles y la entrada de cereal de Ucrania, generando "competencia desleal". En segundo lugar, el sector denuncia que no han recibido las ayudas prometidas en época electoral por las distintas administraciones para paliar las consecuencias de la sequía. Y además, frente a la nueva política agraria común, exigen un aumento de presupuesto, menos condicionantes medioambientales, menos burocracia y más libertad para las explotaciones. Tampoco se olvidan de la ganadería, en crisis por clima, precios, manejo y enfermedades.
El sector mira así hacia Bruselas, pero también quiere presionar al Gobierno y las diferentes comunidades autónomas para que impulsen medidas concretas. Pretende, resumiendo, un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo como estatal y autonómico.
Respecto a los precios y la "competencia desleal" por productos de otros países, aparte de la cuestión de Ucrania, los agricultores denuncian que la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países que agudizan los problemas del sector a nivel europeo. Por eso COAG, UPA y Asaja reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de Mercosur, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, reivindican que el Gobierno de España, con la supervisión de la Comisión Europea, debería aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.
Al Gobierno reclaman soluciones "inmediatas" para abordar los problemas del campo relacionados con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC), sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.
La reivindicación de que se flexibilice y simplifique la actual PAC incluye tanto los ecoesquemas como las Bcam (conjunto de normas que los agricultores y ganaderos deben cumplir para recibir las ayudas de la PAC), ya que denuncian una excesiva burocracia que conlleva costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.
Piden también mejoras en la aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, al criticar que actualmente se están pagando ciertos productos a precios tan bajos que no cubren los costes de producción, mientras los lineales de los supermercados reflejan "precios abusivos". Esperan por ello que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aplique sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.
Por otro lado, reclaman que el Gobierno central "dinamice" la Ley de Agricultura Familiar, al afirmar que "la gran concentración que se está produciendo en la ganadería está provocando la desaparición de ganaderos familiares".