CCOO rechaza la subvención «excepcional» que sí aceptó la UGT

SPC
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Con el final de 2023 concluye el plazo ofrecido por la Junta a la organización sindical para solicitar una ayuda "sin ningún tipo de regulación"

CCOO rechaza la subvención «excepcional» que sí aceptó la UGT - Foto: Rubn Cacho ICAL

CCOO rechazó la subvención "excepcional" que en mayo ofreció la Consejería de Industria, Comercio y Empleo al considerarla un "ilegal" y "claro ejemplo del modelo de despilfarro de dinero público de la extrema derecha para someter a su poder", según informó la central sindical en un comunicado recogido por Ical. Una subvención que si que aceptó la UGT de Castilla y León, y que fue aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado 14 de diciembre.

Con el final del 2023 termina el plazo dado por la Junta en mayo para solicitar esta ayuda, "sin ningún tipo de regulación", de cerca de 500.000 euros. En el Presupuesto de 2023 del Gobierno autonómico, la Consejería de Empleo "eliminó la subvención nominativa, es decir, la financiación que por la ley autonómica corresponde a los agentes económicos y sociales más representativos".

"Resulta cuanto menos arbitrario que Vox decida menospreciar al sindicalismo eliminando un derecho por ley para, apenas cinco meses después, ofrecer un dinero público que podría ser ilegal, si así lo deciden los tribunales", afeó CCOO, quien expresó que la "extrema derecha quita al sindicalismo un derecho para inmediatamente después intentar darle un regalo envenenado".

A su juicio, "se pretende sobornar e incumplir la ley con el beneplácito del sindicalismo", pero CCOO avanzó que "no acepta sobornos" y "no apretará el botón" que le "inhabilite" como organización "sindical libre, independiente y democrática".

Por el momento, CCOO ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo a la eliminación de la nominativa y escrito de denuncia conjunto a la Fiscalía de la Audiencia de Valladolid, por esta convocatoria "excepcional", que espera se declaren nulas.

Esta decisión tomada por el sindicato llega después de que la Consejería eliminara 24 programas públicos y "no respetara la obligatoria participación institucional en los órganos de su Consejería" ni "cumplir los acuerdos vigentes de Diálogo Social en sus materias competenciales (empleo, prevención de riesgos laborales, Serla, etc.). También, después de "múltiples descalificaciones e insultos a los sindicatos".