Del Olmo no habló con Herrera sobre la Perla Negra

SPC
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La exconsejera de Hacienda asegura que su departamento no tenía ninguna competencia sobre Gesturcal ni auditaba sus cuentas

Pilar del Olmo. - Foto: Ical

La exconsejera de Hacienda Pilar del Olmo aseguró hoy, en su declaración en el juicio del 'caso de la Perla Negra' que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid, que nunca conversó con el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera sobre la adquisición del edificio de Soluciones Empresariales, por parte de la entonces Consejería de Economía y Empleo dirigida por Tomás Villanueva.

A lo largo de su declaración, Del Olmo también recalcó que la Consejería de Hacienda no tenía ninguna competencia sobre Gesturcal, a pesar de que contaba con miembros en el consejo de administración, a la vez que explicó que al ser una empresa pública, cuya deuda no computaba en el global de la Junta, no era sometida a controles fiscales internos por parte de su departamento.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Del Olmo reconoció que a finales de 2007 mantuvo una entrevista con Tomás Villanueva en la que le solicitó una delegación de competencias para poder alquilar el edificio de Arroyo y agrupar en el mismo los servicios centrales de la Consejería de Economía y Empleo, petición a la que accedió semanas después. En este sentido, también puntualizó que no se hizo ningún tipo de control de esta delegación, dado que no se fijaron plazos.

Al mismo tiempo, reconoció que tuvo información de las presuntas irregularidades en el juzgado, por lo que fue, ya como consejera de Economía y Hacienda, en 2015, cuando solicitó todo el expediente que se archivaba en la Junta. A la vista del mismo, y tras comprobar irregularidades en el contrato de Unifica para la compartimentación del edificio y que rondaba los cuatro millones de euros, es cuando decidió la personación en el caso, decisión que, según confesó, no pasó por el Consejo de Gobierno de la Junta.

No obstante, también indicó que no ordenó la personación de la Junta en el caso desde el principio, dado que los propios abogados de ADE y un informe de intervención acompañado por una tasación independiente que valoró el edificio en 58 millones de euros, concluía que no existió perjuicio para la administración.