El bochorno vivido en España por la indecente venta de votos en varios municipios españoles, con especial atención a lo sucedido en Melilla, parece haber quedo superado por el impacto de los resultados del 28-M y, sobre todo, la posterior convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que optó por la salida que más le conviene personalmente sin reparar en las consecuencias que tendrán sus decisiones para el Partido que, en su condición de secretario federal, debería proteger.

El caso del mercadeo de votos sí sirvió al menos para poner de relieve que el sistema no es seguro, que es tanto como acreditar que no lo ha sido nunca. Así las cosas, ¿cuántas veces se han manoseado unas elecciones en España adulterando el voto por correo sin que haya quedado acreditado lo sucedido? Es una pregunta ciertamente inquietante que debe empujar a tomar medidas para que no se repita el fraude. Parece increíble que la Junta Electoral Central llegara siquiera a debatir si hay que presentar el DNI para ejercer el voto por correo en lugar de hacerlo únicamente para obtener la documentación acreditativa, que es lo que permite que ese voto después pueda ser vendido al mejor postor. Por más que los impactos se hayan venido sucediendo en bucle en los últimos días, este no es un aspecto menor al que todavía no se ha dado una respuesta plena, contundente y garantista, sobre todo teniendo en cuenta que el voto por correo se puede solicitar en España desde el pasado martes y se puede ejercer hasta el próximo 19 de julio (20 si se trata de un desplazado).

No es la única inquietud que, al margen de los resultados, pesa sobre las próximas elecciones generales. La fecha detonada por Sánchez supone que media España esté de vacaciones y al menos un 30% del censo fuera de su lugar de residencia habitual, según las distintas estadísticas que se han hecho públicas esta semana. Eso, además de incrementar la solicitud del voto por correo, provocará una avalancha de peticiones para esquivar la obligación de asistir a la constitución de las mesas electorales, probablemente con una intensidad no vista jamás. La consecuencia será una masificación de los organismos de revisión, en este caso las juntas electorales de zona. Y, es previsible, también habrá un endurecimiento de las resoluciones, que podrán ser notificadas hasta 10 días antes del día de autos. Teniendo en cuenta que la última semana de junio se conocerá qué ciudadanos están llamados, además de a las urnas, a las mesas, cabe prever un verano de alta intensidad administrativa en el que España podrá votar en paz, pero lo de las vacaciones empieza a ponerse complicado.