Fernando Lussón

COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Imaginación y política

26/04/2025

Sin duda, la política nacional está necesitada de soluciones imaginativas para resolver algunos de los problemas más importantes que la acucian. Pero no todo vale, porque la imaginación puede dar lugar a una nueva generación de arbitristas que compliquen precisamente su solución de tan ocurrentes como son. Esas soluciones creativas no solo se aplican a la pelea entre adversarios políticos, sino que también los jueces pueden caer en la tentación de dar interpretaciones ingeniosas a las leyes que han de aplicar. O quizá una y otra actividad se contagien. 

En relación con el contrato de compra de balas a una  empresa israelí que ha sido rescindido por orden de Pedro Sánchez después de que se armara un conato de rebelión en el seno del Gobierno, que se ha saldado con vencedores y vencidos dentro del Consejo de Ministros, al PP se le ha ocurrido que, puesto que la marcha atrás en el encargo tendrá unas consecuencias económicas que tendrá que determinar casi con toda seguridad un juez, el menoscabo patrimonial del Estado que se produzca debe ser asumido por su o sus causantes. Se trata, a su juicio, de que la responsabilidad contable en la que se incurrirá sea asumida "patrimonialmente por quienes la ocasionen, no el bolsillo de los españoles, como pretende el Gobierno". 

El Tribunal de Cuentas, al que el PP se ha dirigido para que determine esa responsabilidad contable no va a tener fácil señalar de quién es la culpa, si del jefe del Ejecutivo por dar la orden de revocar el contrato para dar evitar una crisis de gobierno con su socio Sumar; sí del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que no pudo, afirma, frenar la tramitación del contrato por consejo de la Abogacía del Estado -otros probables responsables; si Yolanda Díaz por no querer tragarse esa rueda de molino después del incremento de 10.400 millones de euros en gasto de defensa; si Antonio Maíllo o Enrique Santiago los dirigentes de IU y del PCE que estaban dispuestos a que la ministra Sira Regó abandonara la mesa del Consejo de Ministros. O todos los componentes de este órgano por no hacer caso a Pedro Sánchez y su compromiso político adquirido en el Congreso.

No es difícil ver en esta solución tan creativa la herencia de la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y otros huidos de la justicia porque han considerado que se han enriquecido y, por tanto, han cometido delito de malversación de fondos al no pagar de sus bolsillos los gastos originados por la organización del referéndum ilegal del 1-O.

La aplicación de una medida tan visionaría como la que pretende el PP tendría un efecto devastador sobre las vocaciones políticas. Si ya hay pocas personas que quieran dedicarse a esa actividad, generalmente peor pagada que el ejercicio profesional en la empresa privada, a lo que se suman los riesgos de estar expuestos a las amenazas procedentes de las redes sociales, solo podrían ser políticos quienes dispusieran de fondos para cubrir sus errores. Y no siempre, claro. A todo el mundo se le ocurren consecuencias de actos o decisiones políticas que han tenido sustanciales menoscabos patrimoniales para el Estado, imposibles de asumir por una persona o un consejo de gobierno. El PP solo tiene que mirar a su alrededor.