Este domingo 17 se cumple el plazo para que el empresario minero Victorino Alonso, conocido como el Rey del Carbón, ingrese en la cárcel para cumplir la condena de cuatro años impuesta por la Audiencia Provincial de León y ratificada por el Tribunal Supremo, que ha dado fin de esta forma a los recursos interpuestos desde la sentencia inicial, en mayo del 2021, por un delito ambiental en la explotación de la mina Nueva Julia a cielo abierto, en la localidad leonesa de Villablino.
La noticia podría ocupar un breve en las páginas del periódico. Su singularidad radica en que su trayectoria vital y empresarial darían cuerpo sobrado a una serie de Netflix. Personaje intrépido, hizo de los mineros un auténtico ejército en su beneficio para doblegar siempre la voluntad del Gobierno en los turbulentos años de la reconversión. Las discrepancias sobre precios, el retraso en el cobro de subvenciones o cualquier otro asuntillo de menor calado se saldaba de forma expeditiva, retrasando el pago de las nóminas e impulsando así cortes de carreteras, encierros y quema de neumáticos.
En el año 1996 compró la MSP, una mina en quiebra con una plantilla de tres mil mineros. Y lo hizo poco después de que fuera declarado insolvente en un juicio por el que su exmujer le reclamaba una pensión. Quedó escrito que no tenía trabajo ni nómina y que únicamente poesía una moto. La MSP la compró por 2.000 millones de pesetas, sin que nunca quedara muy claro de dónde procedía el dinero. En poco tiempo se hizo con el control de la mayoría de las minas de León, Palencia y Asturias.
En el año 2018 fue condenado a dos años de cárcel y 25 millones de multa por arrasar un yacimiento prehistórico en Huesca, condena de cárcel que posteriormente sería anulada. Gran repercusión mediática tuvo también un fraude en el suministro del carbón a la térmica de la Robla, que se saldó en el año 2010 con una condena judicial y el pago de 14 millones. Entre 2006 y 2012, presidió la patronal del carbón, Carbunión, años decisivos en el proceso de cierre de las minas, que culminaría en el año 2017 con la muerte definitiva del sector. Algunos le tacharon de colaboracionista con los gobiernos ejecutores. En todo caso, un personaje intrépido y osado, ajeno al reconocimiento de la ley.