No sabemos si las elecciones, adelantadas por intereses personales del presidente Sánchez, solucionarán o no los problemas de España y mejorarán las condiciones de vida de sus ciudadanos, pero lo que está claro es que, al ir inmediatamente después de las locales y autonómicas, bloquean durante meses la vida política y económica de todo un país y, seguramente, provocan más problemas de los que pretende resolver.
A la parálisis por la campaña municipal y autonómica y a las negociaciones para formar los respectivos gobiernos, se suma ahora la parálisis de la vida política nacional; la desestimación de más de sesenta leyes que habían iniciado su tramitación; la paralización o retraso de los fondos europeos, si no, también, la pérdida de algunos de ellos; el anuncio de la derogación o revisión de leyes cargadas de sectarismo y pésima técnica legislativa en materias de gran sensibilidad o la puesta en marcha de otras en función de quien gane...
En resumen, inseguridad jurídica, retraso o pérdida de inversiones, incertidumbre en muchos sectores, guerras a muerte entre partidos por la confección de listas y alianzas, recolocación de políticos que han sido derrotados en las últimas elecciones, ceses y nombramientos de altos cargos, el anuncio de una gran auditoría en la Administración del Estado -imprescindible desde mi punto de vista- si hay cambio de gobierno, volver a poner en marcha la maquinaria de gobierno... Un disparate innecesario con un alto costo social y económico. Y todo eso, en medio de la presidencia española de la Unión Europea y, en casi todos los casos, con primacía de los intereses de los partidos o de sus dirigentes sobre los de la ciudadanía y sobre los de Europa.
Bloquear un país durante meses, prometer y prometer sin límites y, sobre todo, sin decir quién paga, poner los intereses personales por encima del bien común y del sentido de Estado es éticamente impresentable. En nuestro país, en estos momentos, está bloqueada la Justicia por la incapacidad y la desidia de quienes la gobiernan y por el uso partidista de sus órganos principales y el daño ya es, seguramente, irreversible. La educación va por el mismo camino, con leyes que se está demostrando que no pueden ser aplicadas por errores de diseño y por falta de consenso y de medios. La sanidad sólo interesa como bandera para el desgaste político del contrario y sus profesionales y los ciudadanos son los damnificados. El poder legislativo es un mero apéndice del ejecutivo y el judicial está intervenido, por lo que la separación de poderes es más una carta de intenciones que una realidad.
Gane quien gane, habrá que abordar reformas de fondo en justicia, educación, sanidad, fiscalidad y gasto público, reducción del déficit y de la deuda pública, otra vez de las pensiones, por supuesto de las Administraciones Públicas, de las políticas del agua y muchas más. Sólo perdurarán y sólo servirán a los intereses de los ciudadanos si se hacen con un gran consenso que solo es posible si los dos grandes partidos están dispuestos a negociar acuerdos de Estado con voluntad de durar en el tiempo y que excluyan a populistas de izquierdas y de derechas.
Pero nada garantiza que una nueva correlación de fuerzas lo permita. No se ha intentado durante toda esta legislatura porque nunca hubo voluntad de hacerlo. Todo lo contrario: se ha dividido en dos al país, se ha favorecido el enfrentamiento y la crispación y, finalmente, se ha bloqueado la política y la economía durante meses. Es decir se han puesto los intereses personales, ni siquiera los de los partidos, por encima de los de los ciudadanos. Siempre pagan los mismos.