El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2023 sólo refleja 320.000 euros, dentro del capítulo de inversiones, con el concepto 'nueva infraestructura hospitalaria de Segovia'. Sin embargo, según confirma a El Día el delegado territorial, José Mazarías, la Junta contempla financiar los trabajos de reurbanización de los terrenos donde se ubicará la ampliación mediante una partida que figura en las cuentas de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dotada con dos millones de euros para 'suelo industrial y dotacional', con previsión de que tales trabajos arranquen «en el primer semestre del próximo año». «Dentro de esas fechas veremos máquinas allí», asegura. «Nos hemos propuesto que esto ya no pare, y si queremos que así sea, una vez se produzca la expropiación, procederemos a la ocupación inmediata de la finca y a seguir adelante», añade, mientras se trabaja en paralelo en la preparación de los proyectos propios de construcción de infraestructuras, cuya ejecución todavía se extenderá durante la siguiente legislatura (2026-2030), como poco, dado que además hay que contar también con lo que lleve la fase de equipamiento.

La partida de presupuestos regionales de 2023 que sí se identifica con claridad que va para infraestructuras hospitalarias, la de 320.000 euros, se prevé destinar precisamente a avanzar en la redacción de proyectos para licitación (concursos de adjudicación). No obstante, quedaban dudas respecto al alcance de los avances que pudieran producirse con una cuantía tan escasa, teniendo en cuenta que la inversión global supera los 50 millones, o sobre la posibilidad de que no se produjera aún tarea alguna fuera de despachos. 

De hecho, cuando los parlamentarios autonómicos del PP de Segovia (el secretario del PPCyL y vicepresidente 1º de las Cortes, Francisco Vázquez, y el procurador José Luis Sanz Merino) comparecieron en rueda de prensa el 28 de octubre para ofrecer su análisis de lo que suponían las cuentas diseñadas por la Junta para el próximo ejercicio, vincularon los citados dos millones del Somacyl con los desarrollos industriales que se están promoviendo por iniciativas empresariales privadas en Bernuy de Porreros y Prado del Hoyo, pero son para la ampliación del Complejo Asistencial. Por tanto, «hay más dinero para este proyecto del que se había señalado hasta ahora, aunque mi intención era no decirlo mientras las cuentas no fueran definitivas (están en fase de tramitación)», según Mazarías.

El plan global contempla, por un lado, la construcción de un nuevo edificio de consultas externas (que permitirá sacarlas de las instalaciones ya existentes para ganar allí espacio de hospitalización), e incluirá un área de Psiquiatría, así como la unidad pública de Radioterapia; y por otro lado, la Escuela de Enfermería, cuyos estudios arrancarán provisionalmente en el campus María Zambrano en el curso 2023/24 y seguirán en los posteriores en el edificio Santiago Hidalgo, pendiente de acondicionarse entre este año y el próximo. 

La ampliación se proyecta con un nuevo desarrollo inmobiliario de más de 36.000 m2 para conformar un único complejo que casi duplicará la superficie del actual, y la estimación de la inversión global asciende a 54,6 millones de euros, de los que 8 corresponden a la Escuela de Enfermería; 6,6 a la recalificación, cambio de uso y urbanización de terrenos; y 40 a la propia ampliación del hospital (32 en edificación y 8 en equipamiento). Estas últimas, cifras similares a las de la segunda fase de la ampliación del Complejo Asistencial de Soria, por ejemplo, que se terminó adjudicando en septiembre de 2018 por casi 30 millones y un plazo de ejecución de las obras que vale una legislatura: cuatro años; más el tiempo que lleve la fase de equipamiento para completar una obra, la de Soria, que entró en planificación hace más de una década.

En cuanto a las actuaciones de recalificación, cambio de uso y urbanización de los terrenos aledaños al complejo segoviano actual, estimadas en 6,6 millones, esa es justo la cantidad que ya figura en previsión dentro de las cuentas de Somacyl, con dicho importe como coste total y los dos millones reservados para el ejercicio 2023.

La mayor parte de los terrenos que ocuparán las nuevas infraestructuras hospitalarias y educativas son de titularidad privada y se esperan expropiar por 'sólo' 352.790,75 euros.Cabe la posibilidad de que esa cantidad aumente en el transcurso de los nuevos contactos que se van a mantener próximamente con la familia propietaria de cara al traspaso, pero no demasiado, al estar calificados como «suelo rústico» y limitados además por su ubicación dentro del entorno de protección de las vistas de la ciudad monumental, de ahí el escaso valor que se les otorga. «A nadie le habrían servido estos terrenos para nada más que para cultivar», resume el delegado territorial de la Junta. A nadie salvo a la Administración pública, se entiende, gracias a la tramitación previa de cambios administrativos y urbanísticos justificados por un proyecto de interés social como éste.

PROBABLE JUDICIALIZACIÓN. Es más que probable por ello que la familia no esté de acuerdo con el precio que la Junta está dispuesta a pagar por sus terrenos, pero el recurso a la vía judicial que pueda emprender, en busca de una hipotética corrección judicial al alza, se prevé que no conlleve ningún riesgo de suspensión cautelar del proceso, ni impediría por tanto que se materialicen trabajos de urbanización durante este próximo año, gracias a su declaración como Plan de Interés Regional. Esa es la denominación que recibe el «instrumento territorial y urbanístico» que se utiliza precisamente para agilizar expropiaciones, cambios de clasificación y uso de suelo, así como otras actuaciones urbanísticas que son imprescindibles antes de pensar en poner la primera piedra.

Asimismo, en paralelo se ha llevado a cabo a lo largo de este año un cambio urbanístico fundamental, el proceso de aprobación de una modificación de las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Segovia y Entorno (Dotse), para dar encaje legal a las condiciones de edificación necesarias y salvar así las afecciones de protección de vistas.

Resumiendo, dos trámites (declaración de Plan de Interés Regional y Dotse) cuya aprobación inicial tuvo lugar la pasada primavera y que en estas fechas, una vez transcurrido el preceptivo plazo de exposición pública y resolución de alegaciones, se están completando con la aprobación definitiva de ambos para su entrada en vigor. El visto bueno a la modificación de las Dotse pasaba por Consejo de Gobierno justo el jueves de esta semana, mientras que el jueves de la próxima (1 de diciembre)se espera hacer lo propio con el Plan de Interés Regional, tal y como ya anticipaba el delegado territorial el 11 de noviembre. 

«Si es así, que siempre cabe la opción de que se pudiera retrasar una semana por ejemplo, de inmediato lo que procede es la expropiación de los terrenos, evidentemente, con audiencia previa a la propiedad; y a partir de ahí, de forma urgente además, la realización del proyecto de urbanización de los terrenos, con lo cual me aventuro, pero estoy completamente convencido, de que en el primer semestre de 2023 veremos máquinas allí», incide Mazarías. Como poco, de cara a abordar los estudios geológicos necesarios.

La redacción del proyecto de urbanización aún está pendiente, pero de esa cuestión también se está encargando Somacyl, «lo cual significa que se pueden ir solapando procedimientos para que esto ya no pare».

DOS AÑOS Y MEDIO DE TRÁMITES. El anuncio del compromiso de ampliación del hospital tuvo lugar a mediados de 2020, después de que la pandemia de covid, declarada en marzo de ese año, retratara el déficit de infraestructuras sanitarias de Segovia. Se anunció en caliente, con la capacidad ordinaria del Complejo Asistencial aún desbordada, y la Junta empezó a estudiar opciones de emplazamiento, incluso con ofrecimientos de parcelas por parte de ayuntamientos de diversos pueblos; pero ya desde agosto de 2020 en tensa coordinación con el Ayuntamiento de Segovia, entre reproches sobre quién retrasaba más la toma de decisiones que aún continúan. Hablaron de la zona de Las Lastras; vagamente también de una hipotética rehabilitación y reapertura del antiguo Policlínico; y sobre todo, de apurar el espacio disponible en la parcela del centro de salud mental Antonio Machado (algo menos de 10.000 m2), en la ladera. Una alternativa que no terminaba de convencer a casi nadie por capacidad, dificultades de orografía y de movilidad en el entorno, pero que suponía aprovechar suelo público y no tener que recurrir a un proceso de expropiación que ninguna de las dos instituciones estaba dispuesta a asumir: la de los terrenos contiguos al Complejo Asistencial ya existente, sólo separados por la calle Erik Clavería, que son los que va a adquirir finalmente la Junta. Mazarías afirma que llegó a llevar a la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, a conocer la parcela del centro Antonio Machado. «Estaba convencida de que se podía construir allí, así que la traje y la subí al helipuerto», de modo que «tuvo que ver ella in situ que aquel sitio no era bueno, y que el mejor era el que se ha elegido».

Tiempo después, el 29 de julio de 2021, cuenta el delegado que participó en una reunión en la que, «con mandato» del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y presencia de cuatro consejeros (los de Sanidad, Educación, Fomento y Medio Ambiente, y Economía y Hacienda), «se estableció la necesidad de proceder a la declaración de Plan de Interés Regional, la urgente modificación de las Dotse y la definición del proyecto». «16 meses después de esa fecha, estamos ya en el punto en el que estamos, cuando los trámites que se resuelven ahora, en condiciones normales, nos habrían llevado tres o cuatro años», asegura.

¿Y sin una pandemia que retratara el déficit de infraestructuras sanitarias de Segovia se estaría hablando hoy de esta ampliación? «Pues seguramente no, porque hasta entonces el hospital parecía perfectamente dimensionado», responde Mazarías. «Pero este proyecto ya tiene el viento de cola, y personalmente me voy a encargar de que ya no pare», una vez arranca esta nueva etapa que aún será larga, con la legislatura en curso entregada por completo, o casi, a la urbanización de los terrenos, preparación de proyectos y licitaciones (concursos de adjudicación), y la siguiente (2026-2030) para levantar el grueso de las edificaciones.