La economía no es menos importante que la sanidad. Es la que al final permite levantar hospitales o comprar respiradores y si el tejido empresarial se ahoga, no hay vida para nadie. ¿Pero qué estrategia concede en realidad más importancia a la economía, la que pide pasar de fase para acelerar la reactivación o aquella que la ralentiza para prevenir un riesgo de recaída que no sólo sería fatal por su precio en muertes, sino por el coste económico que supondría prolongar más la convalecencia social? Segovia, por el criterio de la Consejería de Sanidad, forma parte del minoritario grupo de territorios enmarcados en la alternativa más conservadora; mientras Madrid se mueve en el otro escenario. Igual que la inmensa mayoría de regiones del país (todas menos Cataluña y Castilla y León, que sólo han pedido que pasen de fase ciertas zonas), pero siendo la Comunidad vecina el territorio con mayores tasas de mortalidad y contagios de toda España junto a Soria y Segovia, una circunstancia que preocupa especialmente en esta provincia.
Segovia no tuvo un paciente cero que contagiara a toda una provincia, por más que un joven italiano de IE University se llevara el primer diagnóstico covid-19 de Castilla y León. Los mayores focos de contagio le sobrevinieron a Segovia desde el otro lado de la sierra y no sólo por los controvertidos veraneos inconscientes de una amplia minoría de madrileños, sino por los más de 6.000 trabajadores y estudiantes segovianos que en condiciones normales van a Madrid y vuelven de lunes a viernes en tren, coche o autobús; así como por un número también importante de personas que hacen el mismo recorrido a la inversa. Por eso ahora se mira con recelo la solicitud de paso de la Comunidad de Madrid a la Fase 1, en previsión de un incremento de su actividad laboral que también obligue a más segovianos a retomar sus rutinas itinerantes; aparte del riesgo derivado de madrileños que pudieran malinterpretar la desescalada con una relajación que les llevara a moverse por motivos que no fueran estrictamente laborales, a pesar de seguir siendo estos, los desplazamientos por trabajo, los únicos que están permitidos. La Junta ya cuenta con reclamar al Gobierno que se extremen los controles en las carreteras, ¿pero cómo se ha podido llegar a esta disparidad de criterios entre regiones?
Controvertido choque de criterios entre comunidades. «Una crisis sanitaria se resuelve con criterios sanitarios y epidemiológicos», insistía la consejera de Sanidad este jueves, día 53 desde la declaración del Estado de Alarma. «Si en un inicio han podido haber quejas por la tardanza en el confinamiento, ahora no queremos que estas prisas malogren lo conseguido en estas semanas». Recordó también que el director de la OMS volvía a pronunciarse el miércoles sobre el proceso de desescalada en el que ahora están inmersos tanto España como otros estados europeos. «Su director general advirtió de que el riesgo de volver al confinamiento es muy real si no se gestiona bien la transmisión del virus, especialmente en los países que comienzan la desescalada. Especialmente aquí en España debemos ser muy prudentes», subrayó Casado.
En la Comunidad de Madrid, sin embargo, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el miércoles por la mañana, en una entrevista en RNE, aseguraba que allí no había «prisa» por alcanzar la fase 1 y que «todavía» confiaban en reducir en próximos días los pacientes ingresados en las UCI; pero por la tarde confirmaba la propuesta de avanzar en la desescalada. Menos ambiguo fue antes y después su vicepresidente Ignacio Aguado, defensor de la tesis del corto plazo a pesar de ser de Ciudadanos, igual que quien ocupa ese cargo en Castilla y León: «Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero Torra ha sido más sensato», sentenció Francisco Igea al ser preguntado por semejante disparidad. El mismo jueves por la tarde, la directora de Salud Pública de Madrid presentaba su dimisión.
El debate actual que tanto preocupa a Segovia no se habría producido si el Gobierno hubiera definido umbrales en los indicadores sanitarios y económicos a tener en cuenta y los hubiera ponderado en cada caso para que un resultado cuantitativo, y por tanto objetivo, determinara quién pasaba de fase y quién debía esperar. Esa indefinición ha abonado el campo de la batalla política, pero no es menos cierto que para definirlos habría tenido que aplicar antes un criterio subjetivo al puntuar cada parámetro, lo cual también habría podido generar un debate al que así no se ha expuesto.