Con dos sentencias contrarias en menos de cuatro meses por realizar sendas contrataciones de Cultura sin concurso público, y la alcaldesa enrocada en la defensa de la concejala Gina Aguiar al alegar que todo se debe a errores administrativos, no políticos, todos los grupos municipales intensifican la presión por la dimisión o el cese de la edil, y ya apuntan sin matices a Luquero como máxima responsable. El último fallo judicial, relativo a la contratación del hermano de Aguiar para cubrir el servicio de asistencia técnica audiovisual en los eventos de La Cárcel-Centro de Creación, ha puesto además al PP sobre la pista de la apertura de la vía penal, con la cual ya flirtea desde que interpuso esta segunda denuncia, aunque está por verse que lo haga. 

De momento, Podemos, socio de programa del PSOE, anunció el miércoles que deja de asistir a los órganos municipales que preside Aguiar (la comisión de Cultura, Educación, Juventud, Deportes, Turismo y Patrimonio Histórico, así como la Empresa Municipal de Turismo) hasta que se produzca su cese o dimisión y se acepte auditar todos los contratos de Cultura de este mandato (lo pidió hace tres meses y aún no tiene respuesta). IU insiste también en que «no hay otra solución» que la salida de Aguiar, lo cual en la práctica, sin citarlo de forma expresa, compromete la continuidad de su pacto de gobierno con los socialistas. Y PP y Cs, por descontado, a estas alturas difícilmente se conformarán ya con la salida de Aguiar, cuando la formación naranja lleva también desde la primera denuncia apuntando a Luquero.

La alcaldesa, que no dio su habitual rueda de prensa de los jueves tras la Junta de Gobierno Local, donde suele responder asuntos de actualidad, se reunió por la tarde con IU y a la salida del Ayuntamiento, en declaraciones improvisadas a petición de El Día, aseguró que el acuerdo de gobierno sigue vigente. «Nosotros seguimos trabajando, entiendo que sí», dijo. ¿Y el PSOE se plantea tomar la iniciativa de romper el pacto? «No, para nada», respondió. «Nosotros hemos mantenido hoy (por el jueves) una reunión de trabajo donde hemos hablado de la sentencia y de otras cuestiones, y seguimos trabajando. Hay muchos proyectos muy positivos para la ciudad, entre otros el desbloqueo de Prado del Hoyo y me quedo con eso, con que hay que seguir trabajando y plantear los que son proyectos que marcan el futuro de la ciudad». Sobre el plante de Podemos en las comisiones, «cada uno actúa como lo cree oportuno», contestó. «No seré yo quien se ponga a cuestionar qué hace un portavoz u otro al respecto».

El portavoz de IU, Ángel Galindo, por su parte, aseguró a El Día tras la reunión que su postura no ha cambiado: «Seguimos exigiendo la dimisión o el cese de Aguiar como la única solución, así se lo hemos trasladado al PSOE y esperamos que recapacite. Antes en la oposición y ahora en el Gobierno, siempre hemos apostado por un Ayuntamiento que no genere dudas en contratación, y esto no se puede sostener más tiempo». Sobre la posibilidad de dejar de asistir a comisiones presididas por Aguiar, como Podemos, aseguró que no lo descartan, pero abogó por «dar margen», confiando en que se produzcan «movimientos» pronto; es decir, la salida de Aguiar, dado que considera que «es la única solución posible». PP y Cs, entretanto, cuentan con seguir asistiendo a las reuniones de todos los órganos municipales. 

LA SENTENCIA. Al hermano de Aguiar se le viene adjudicando el servicio técnico de La Cárcel desde 2011 mediante contratos menores de seis meses cuando, tras la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos en 2018, debería haberse llevado a cabo por contrato mayor, que es el que exige concurso público, impidiendo por tanto adjudicaciones directas. La denuncia tuvo que centrarse en el último contrato (el del primer semestre de este año) por prescripción administrativa del resto, y el juez la estimó «totalmente», tal y como recoge la sentencia, dictada el pasado lunes. Por fraccionamiento de contrato para «eludir los controles administrativos» (al partirse en dos el servicio anual, no excediendo así los 15.000 euros de tope de un contrato menor); y por falta de un informe jurídico que avalara la contratación. 

El Gabinete de Alcaldía reaccionó con inédita rapidez, antes de que trascendiera incluso la sentencia y antes de que se pronunciara ningún grupo, con un discutido comunicado bajo el titular «el juzgado exculpa a Gina Aguiar y al equipo de Gobierno de trato de favor en la contratación del servicio técnico de La Cárcel_Centro de Creación». En parte así fue porque, al ser Luquero la que firmó el trámite por Decreto de Alcaldía, el juez considera que «no concurre la relación entre la responsable del órgano de contratación y el adjudicatario», independientemente de que en el ámbito político, y también en el público, se valore de otro modo el papel de Aguiar.Hay además precedentes (que no jurisprudencia) que llevaban a pensar en otro posible desenlace. La Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, consultada en los últimos años por diversos ayuntamientos respecto a posibles conflictos de intereses como el de Gina Aguiar y su hermano, previene de tales prácticas al remitirse a una directiva de 2014 del Parlamento Europeo, ya incorporada al ordenamiento jurídico nacional por la ley de contratos de 2017, para reseñar que «la contratación por la Corporación de una persona familiar de un concejal (…) se encuentra comprendida en el concepto de conflicto de intereses (…) siempre que dicho concejal pueda influir en la decisión que se adopte».

Pero la sentencia del lunes no da opción de recurso en este tipo de casos y las dudas que hayan podido quedar sólo podrían ser despejadas en el ámbito penal, donde ya se evalúan otras cuestiones más allá del acto administrativo de contratación. Por ejemplo, también el hecho de que tanto en Cultura como en Alcaldía decidieran actuar de esta manera aun sabiendo que el modelo de contratación adecuado para un servicio de estas características era otro desde la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos en 2018.

Otra cuestión es que realmente se termine tanteando la vía penal, pero el conflicto político sigue abierto en canal.