La reciente aprobación de la nueva Ley de Vivienda ha desenterrado la polémica sobre la situación actual del problema de la okupación ilegal de inmuebles, elevando al tablero nacional en plena campaña electoral una realidad que en Castilla y León se tradujo el pasado año en menos de un caso diario. La Comunidad contabilizó así en 2022 unas 285 okupaciones denunciadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las nueve provincias, tal y como revelan los datos facilitados a este periódico por el Ministerio del Interior. Cifra que supone menos de un caso al día, y algo más de cinco cada semana en toda Castilla y León. Situándolo bajo el prisma nacional, los 285 casos autonómicos apenas supusieron el 1,7 por ciento del total, donde Cataluña acapara la mitad con casi 7.500 okupaciones durante el pasado año.

Desagregados por provincias, Valladolid emerge como el principal foco donde se producen estos delitos, con algo más de 120 durante el 2022 –uno cada tres días–, y casi el cuarenta por ciento de los 285 contabilizados en la Comunidad. De hecho, recientemente se ha conocido un caso ocurrido en el alfoz de la capital vallisoletana, donde varias viviendas que son propiedad de la Sareb han sido okupadas, generando denuncias por parte de los vecinos.

Por el contrario, en otras provincias como Soria o Zamora, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apenas recibieron una decena de denuncias por okupaciones de viviendas en todo el año –menos de una al mes–, mientras que Burgos, León y Salamanca, con entre 30 y 50 casos, se colocaron por detrás de Valladolid entre las más afectadas.

En cualquier caso, desde el Ministerio del Interior aclaran que esta estadística no discrimina entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, «porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia».

No obstante, señalan que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2021, sólo el 0,85 por ciento de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento, mientras que el 99,15 por ciento son delitos de usurpación. 

Tendencia irregular

La evolución de la okupación de viviendas en Castilla y León presenta actualmente una clara tendencia a la baja, después de que en 2021 se denunciasen 321 casos, un diez por ciento más que en 2022. Descenso que ha continuado durante el primer trimestre de este año, cuando, según el Ministerio del Interior, se recibieron 54 denuncias por okupación, frente a las 74 del mismo periodo de 2022 o las 78 de 2021. Por el contrario, echando la vista atrás se aprecia un evidente aumento de los casos en toda Castilla y León, llegando a duplicarse entre 2017, cuando se notificaron 152 okupaciones, y 2021 –321–. Misma tendencia que la experimentada a nivel nacional, donde las denuncias por okupaciones han caído diez puntos entre enero y abril del 2022 y este ejercicio.

Oficinas 'antiokupación' en las nueve provincias

La Junta de Castilla y León suscribió ayer un convenio de colaboración con el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, que permitirá habilitar nueve oficinas de información antiokupación en la Comunidad, una por provincia, para hacer frente a la «senda creciente» de ese fenómeno, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el objetivo de «defender el derecho constitucional a la propiedad privada». Estas oficinas, anunciadas este jueves por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de campaña del PP en Salamanca, comenzarán a funcionar el próximo lunes en las sedes provinciales del Consejo, y la «puerta de entrada» a este servicio será el teléfono de atención telefónica 012, que trasladará cada caso que requiera atención de personal especializado a las oficinas pertinentes, donde los afectados podrán recibir «información, asesoramiento y apoyo», incluida la posibilidad de denunciar los hechos que sean constitutivos de delito ante las fuerzas y cuerpos de seguridad.

«Queremos que las personas que sufren de forma directa e indirecta este fenómeno no se encuentren solas, sino amparadas por la Junta a través de esta red de oficinas», informa Ical. Por su parte, el presidente del Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, Ángel Merino, explicó que desde su entidad están «preparados para evitar que en Castilla y León se pueda replicar el caos que están sufriendo otras comunidades autónomas, con barrios enteros okupados». «Queremos que no se produzcan casos de este tipo, y tenemos los medios y gente experta para conseguirlo».