Treinta y cuatro consultas en treinta y cinco días. Este es el balance que deja la actividad durante el primer mes de las nueve oficinas antiokupación puestas en marchas por la Junta de Castilla y León tras la polémica surgida por la nueva Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, y que se convirtió en uno de los ejes de la campaña del Partido Popular de cara a los comicios municipales del 28 de mayo. Los datos a los que ha tenido acceso este periódico revelan que de las consultas contabilizadas, solo cinco de las treinta estaban relacionadas directamente con casos de okupaciones -tres en Zamora, y una en León y Burgos-. El resto fueron para informarse sobre cómo prevenir estos delitos, o de «preocupación» ante la posibilidad de sufrirlos. «Es pronto para poder realizar una valoración, porque llevan funcionando escasamente un mes y muchos ciudadanos probablemente no conocen de su existencia», explica a este periódico la directora general de Vivienda, María Pardo, que añade que la página web habilitada por las oficinas antiokupación acumula ya «más de 700 visitas» de internautas para informarse.
Llama la atención como la media de actividad que deja el primer mes de este servicio, con casi una consulta al día, coincide con la de okupaciones que sufrió Castilla y León el pasado año, que tampoco alcanzó ni una al día, al contabilizarse 285 en las nueve provincias. «El objetivo es defender el derecho constitucional a la propiedad privada», significaba el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el pasado 19 de mayo durante la presentación del convenio de colaboración con el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León.
Treinta y cinco días en funcionamiento que han servido para que este servicio comience a detectar algunos puntos comunes entre las consultas ciudadanas, que evidencian las carencias del sistema para atender este tipo de delitos. Desde la Consejería de Vivienda y Medio Ambiente reconocen que existe una «preocupación» de muchos propietarios que «se informan sobre prevención», aunque no ocultan que, por el momento, apenas hay casos que se hayan traducido en un aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otra parte, y en línea con lo denunciado por la propia María Pardo recientemente, avisan del «problema» que existe con las viviendas que son propiedad de la Sareb, por su «inacción» ante las okupaciones se producen en ellos «con las consecuentes molestias para los vecinos». Por último, revelan que existe una falta de herramientas en las comunidades de propietarios para combatir las situaciones de okupación.
Tres provincias en blanco
El primer mes en funcionamiento de las oficinas de la Junta deja tres provincias –Ávila, Salamanca y Soria– sin ningún tipo de consultas registradas, algo que la Consejería quiere revertir con una campaña de presentación de las oficinas por toda la Comunidad para dar a conocer este nuevo servicio. Entre las que sí se ha registrado actividad, Valladolid y Zamora encabezan la lista, con una decena de consultas cada una. Aunque con realidades diferentes. Mientras en el caso vallisoletano son «llamadas de temática variada» sin ningún caso de okupación, en Zamora tres visitas directas a la oficina estaban relacionadas con tres okupaciones. De hecho, una de ellas se tradujo en un aviso a la Guardia Civil para que interviniera.
Burgos y León se sitúan por detrás, con cinco y cuatro consultas respectivamente. En ambos casos, una respondía a sendas denuncias por okupaciones en marcha en varias viviendas, además de otra para informarse de la reparación de un piso desokupado. También cuatro se han contabilizado en Palencia, sin ningún caso de okupación. Por último, el único caso de Segovia parecía en un principio una okupación, pero finalmente se descartó esta posibilidad.
¿Cúantas okupaciones hay?
Castilla y León contabilizó en 2022 unas 285 okupaciones denunciadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las nueve provincias, tal y como revelan los datos facilitados a este periódico por el Ministerio del Interior. Cifra que supone menos de un caso al día, y algo más de cinco cada semana en toda Castilla y León. Desagregados por provincias, Valladolid emerge como el principal foco donde se producen estos delitos, con algo más de 120 durante el 2022 –uno cada tres días–, y casi el cuarenta por ciento de los 285 contabilizados en la Comunidad. La evolución de la okupación de viviendas en Castilla y León presenta actualmente una clara tendencia a la baja, después de que en 2021 se denunciasen 321 casos, un 10% más que en 2022. Descenso que ha continuado durante el primer trimestre de este año, cuando, según el Ministerio del Interior, se recibieron 54 denuncias por okupación, frente a las 74 del mismo periodo de 2022 o las 78 de 2021. Por el contrario, echando la vista atrás se aprecia un evidente aumento de los casos en toda Castilla y León, llegando a duplicarse entre 2017.