La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Maria Pardo, criticó ayer la lentitud de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la hora de combatir la okupación, tal y como se ha puesto de manifiesto en el caso de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) donde, según explicó, han tenido que ser los abogados los que se pusieran en contacto con Sareb para que esta sociedad reaccione.

Pardo, que recordó que la Junta mantiene un convenio por el que esta sociedad ha cedido viviendas para destinarlas a personas vulnerables, explicó que su departamento va intentar que Sareb actúe para atajar este problema y lamentó que hasta la fecha en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ni siquiera se ha recibido una llamada de interés. María Pardo, que realizó estas declaraciones a Ical durante su visita a la oficina antiokupación de la Cámara de la Propiedad de Valladolid, manifestó que, además de proteger al propietario, se trata de ofrecer un mensaje de «tranquilidad» y «seguridad» al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler. Así, argumentó que el acceso a la vivienda por parte de personas vulnerables debe ser abordado con el incremento del parque público y de la concesión de ayudas a los más necesitados, a la vez que recordó que la Junta convoca ayudas al alquiler que subvencionan con el 50% el coste, el 60 en el caso de jóvenes y hasta el 75 si es en el medio rural.

Al mismo tiempo, insistió en que la Junta «no puede hacer mucho más» y criticó que la actual ley de vivienda favorezca estas prácticas contrarias al estado de derecho. A su vez, la directora general explicó que desde la Junta se está detectando que detrás de la mayoría de viviendas okupadas no hay personas vulnerables, sino bandas que conocen la despreocupación de sus propietarios. Además indicó que en las mismas se suelen realizar actividades delictivas como el tráfico de drogas, por lo que también es necesario proteger a los vecinos. Las oficinas de información antiokupación han iniciado su andadura en las nueve provincias.