Marisa Moro es la cabeza visible de la Plataforma ciudadana contra la mina a cielo abierto en el Nordeste de Segovia que nació hace unos meses y mediante la cual vecinos y asociaciones de la zona rechazan la implantación de una mina para la extracción de cuarzo que afectaría a los términos de Barbolla, Sotillo, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo. Ahora, la empresa solicitante de la autorización para la explotación ha solicitado una segunda concesión en los municipios de Sepúlveda, Barbolla y Sotillo.

¿Cómo y por qué nace la Plataforma contra la mina y quiénes la conformáis?

La plataforma nace a raíz de que a través de la prensa los vecinos nos enteramos de que Erimsa, una empresa gallega pero propiedad de una noruega, había solicitado autorización a la Junta de Castilla y León para abrir una mina a cielo abierto en el Nordeste de Segovia. Al principio pensamos que podría ser una mina sostenible, pero luego empezamos a hablar con técnicos y profesionales y éstos nos iban diciendo que esto no era así. La plataforma no está en contra de la minería, pero hay ciertos tipos de minería que, como en este caso por extensión de esta concesión en el tiempo, por extensión en hectáreas y por su forma de trabajar, es muy perjudicial para la comarca.

¿Qué características tiene la mina y en qué puntos os mostráis en contra?

Es un proyecto de mina a cielo abierto por transferencia. En el primer proyecto, que está en fases de estudio una vez entregadas las 2.000 alegaciones, la empresa Erimsa pide una concesión de 2.785 hectáreas para explotar 1.658, lo que supone unos 2.500 campos de futbol, que afectarían a las localidades de Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo, Castillejo de Mesleón, Duruelo, Sotillo y Barbolla a lo largo de 30 años prorrogables de 30 en 30, y que, según los cálculos que hacen, rondaría los 70 -80 años.  Ahora, la empresa Erimsa ha solicitado autorización para una segunda mina, que en realidad es una ampliación de la primera, con una concesión de más de 1.200 hectáreas para excavar en 600, lo que supone 900 campos de fútbol en 32 años. En él se amplían las zonas de Sotillo, Barbolla y entran en Duratón (Sepúlveda). Esto demuestra que la intención de la empresa no es ser sostenibles, sino llevárselo todo.

El proyecto de esta mina además es un desastre. Está realizado en base a estudios obsoletos y está lleno de contradicciones y de corta-pega de otros proyectos porque hay en algún momento en el que aparece la palabra Salamanca, o en el plan de restauración aparecen plantas que no son ni siquiera de Castilla y León.

La empresa está privatizando beneficios y socializando gastos, externaliza los gastos y usurpa bienes públicos. Además, tendría un coste en sanidad ya que los ciudadanos van a respirar polvo sílice cristalino provenientes de la combustión y del polvo provocado por la extracción, lo que puede provocar enfermedades pulmonares y cardíacas, silicosis, tuberculosis, diversas neumoconiosis y cáncer de pulmón, además de enfermedades respiratorias como alergias, asma, tos o bronquitis; aumentaría la probabilidad de accidentes por el intenso tráfico y las enfermedades asociadas al ruido continuo e intenso. La mina también tiene un coste en el patrimonio cultural. No hay un estudio de vibración sobre estructuras o cimentación, lo que podría afectar a iglesias, a la ciudad de Confloenta o a casas antiguas. Tampoco se ha evaluado la afección a la red de caminos y carreteras locales debido al tráfico pesado que generaría esta actividad, ni se ha cuantificado el coste económico que supondría incrementar las tareas de mantenimiento de esta red para asegurar un estado adecuado. A esto se suma el coste de la emisión de gases efecto invernadero, el coste del reciclaje de los residuos generados, el coste de la destrucción del biotopo, el coste del impacto sobre la fauna y el coste hídrico, ya que tampoco hay un estudio para recuperar el acuífero. Y, además, el coste económico que afectaría a los tres sectores: el sector primario sufrirá los efectos negativos sobre la producción agropecuaria por el polvo, el ruido y el pasto contaminado, mientras que el sector agrícola sufrirá la pérdida de fertilidad de las tierras lo que conllevará una menor producción de alimentos. En lo que respecta al sector secundario, este sufrirá la pérdida de trabajadores debido al cierre de comercios, establecimientos e industrias por los mismos motivos que la pérdida de turismo y de población flotante, por el polvo tóxico, la contaminación acústica, la contaminación por combustión, el tráfico intenso y peligroso de camiones y el deterioro del paisaje.

Desde Erimsa aseguran que su modo de trabajar no es igual al resto de las minerías a cielo abierto al uso, sino que es un sistema sostenible, seguro y acorde con el medio ambiente.

Su trabajo consiste en quitar la capa superficial vegetal, de unos 40 centímetros, dejándola en un lateral. A continuación, excavan entre dos y los metros a los que se encuentre el cuarzo, que pueden ser ocho, diez o doce, sobre parcelas de dos hectáreas. Luego criban toda la tierra con grava de más de 40 milímetros de espesor y lo dejan en el terreno. Con este sistema lo que se llevan, además del cuarzo, es el sistema de drenaje, conducción de agua, control de la erosión y de las correntias. Dejan sólo tierras y arcillas que impermeabilizan el suelo, lo que impide  la correcta recarga del acuífero a la vez que parte del agua se pierde por evaporación. Además se quedan charcos insalubres con mosquitos que pueden provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones de heridas, sarpullidos, tétanos, etc, además de atrapar al ganado en el lodo.

La mezcla de capas desorganiza el equilibrio minero-orgánico del suelo dejando las parcelas inservibles para el cultivo a lo largo de décadas, el suelo no se va a regenerar en muchos años como se ha podido comprobar en minas de Galicia o Salamanca. Se pierde la altura de la superficie inicial alterando además la morfología del terreno, lo que hace que se produzcan huecos y montículos.

También excavan a 45 metros de los núcleos urbanos, y este tipo de extracción genera partículas de polvo PM2.5 en suspensión que entran directamente a los alveolos, y polvo de sílice cristalino considerado un agente cancerígeno. La dispersión y deposición de este polvo en todo el entorno generaría un impacto grave en el medioambiente, así como en la ganadería por la aspiración e ingestión del polvo depositado en los pastos.

En cuanto a los traslados, el 20 por ciento de lo tratado se llevaría en camiones hasta la planta de lavado que quieren reabrir en el municipio de Barbolla, lo que se traduciría en 80.000 toneladas al año, que ahora con el segundo proyecto la cantidad se multiplicaría por dos. No sabemos ni la cantidad de agua que van a utilizar, tanto para limitar el polvo de toda la extracción, cribado y carga como de la limpieza del cuarzo. Además, esto supone que habrá un paso de camiones diarios por cada excavación de unos 30 viajes cargados con 40 toneladas  y otros 30 viajes de camiones vacíos por las carreteras comarcales y locales, además de 30 viajes de camiones cargados por autovías y autopistas y no se ha evaluado la afección a la red de caminos y carreteras, a lo que se suma los riesgos de la población asociados al trasiego constante de camiones, así como el atropello de animales. Esto también provocaría un daño por vibración en el patrimonio, iglesias, frescos o excavaciones.

La mina también afectaría al agua debido a que algunas de las parcelas de las que se pretende extraer el mineral están a las orillas de los ríos Duratón, Cerezuelo y Serrano lo que va a suponer que las introspecciones llegarían al nivel freático de las aguas provocando pérdida por correntías y evaporación. Además, dos amplios tramos del río Duratón afectados por el proyecto están incluidos en la Red Natura 2.000 Europea donde, según asociaciones de naturalistas, viven, anidan o emigran aproximadamente 70 tipos de aves, cinco de ellas vulnerables o en peligro de extinción, 20 tipos de mamíferos, seis tipos de anfibios y diez tipos de reptiles o peces que desaparecerían, según reconoce la propia empresa en el informe medioambiental, al acabar con su ecosistema.

¿Qué acciones estáis llevando a cabo para evitar la ejecución de esta mina? ¿Cómo está siendo la respuesta?

Nosotros empezamos recogiendo alegaciones y el día 6 de abril realizamos la primera concentración. A partir de ahí empezamos a aglutinar a más gente porque hasta ese momento éramos vecinos sueltos de los pueblos. Ahora dentro de la plataforma tenemos una periodista, dos trabajadores en administración que nos ayudan para manejar el tema de la presentación de alegaciones, una bióloga experta en proyectos medioambientales, un ingeniero agrónomo, un médico oncológico, varios arqueólogos y un geólogo, además de agricultores, ganaderos, jubilados, etc, y todos somos gente de aquí.  Y yo que soy pianista, pero fui la primera a la que entrevistaron y ahora mismo soy la portavoz de este movimiento.

La respuesta está siendo buena. Tenemos un apoyo muy importante que es el de los seis alcaldes de los municipios a los que afectaría la mina, además de CODINSE, Unión de Campesinos, Ecologistas en Acción, la Red Ambientalista Segoviana, Asaja y hasta de Real Academia de San Quirce ya que temen por el patrimonio cultural.  

En los años 80 ya había una mina a cielo abierto en Castillejo de Mesleón que fue un gran nicho de empleo en la zona. Ahora que se habla de la España vaciada, ¿la implantación de esta mina no sería una buena oportunidad para atraer empleo y vecinos a la zona?

En el proyecto ellos ponen que van a dar empleo a seis trabajadores (un operador de retroexcavadora, un operador de la pala cargadora, un operario encargado de la planta móvil de cribado y un titulado de minas, más los conductores de los camiones que transporten el material). Ahora, desde que nos hemos movilizado dicen que van a contratar a 30 trabajadores en la planta de Barbolla, que es donde se lavaría el material, pero en ninguna parte del proyecto dicen ni que haya 30 empleos, ni qué van a hacer esos empleados ni de dónde los van a sacar, si de la zona o de Galicia, que es de donde es la empresa. De hecho, en la mina de Salamanca actualmente no hay trabajadores sino que hay un robot en la planta de lavado.

En cuanto a los seis puestos de trabajo, desde Erimsa dicen que van a generar empleo indirecto y riqueza, pero si son de aquí ya viven aquí y gastan aquí y si no son de aquí lo que se hace normalmente es que se alquilan una vivienda para que vivan, desayunan en su casa, se llevan su tartera y cenan en su casa. El que gana dinero es el que alquila la vivienda y el supermercado, pero no crea realmente puestos indirectos.

Con esto y el impacto sanitario, hídrico, patrimonial, medioambiental y económico parece evidente que los perjuicios económicos para los pueblos de la zona superarían con creces los posibles beneficios.

¿La empresa Erimsa ha contactado con vosotros para explicaros el proyecto?

No. Ellos dijeron que querían contactar con nosotros, pero no lo han hecho. De hecho, los alcaldes se enteraron prácticamente de casualidad de la existencia de ese primer informe porque no hubo una comunicación entre la empresa y los ayuntamientos, y antes de hacer un proyecto de estas características deberían haber hablado con los alcaldes. Ahora creo que con lo que estamos exponiendo han visto que hablar con nosotros no tiene ningún sentido porque les vamos a desmontar absolutamente todo.

¿Qué apoyo habéis recibido desde las formaciones políticas y cuál ha sido la respuesta de la Junta de Castilla y León?

Todos los alcaldes de la zona, sean del partido que sean, se han mostrado en contra de la mina. Ellos entienden que no es una cuestión de partidos, sino que una cuestión de vecinos y ahí no hay partidos, hay alcaldes preocupados. Fuera de esto, el primero que nos apoyó y se interesó fue el PSOE, luego Soria Ya, Más País, UP, el Partido Comunista o Izquierda Castellana. Pero nosotros desde el primer momento hemos pedido vernos tanto con el PP, Ciudadanos y Vox, que también nos han recibido y apoyado. Este mismo martes en la Junta, el procurador socialista José Luis Vázquez preguntó qué pensaba la Junta el modelo desarrollo del Nordeste en relación con la instauración de la mina, a lo que el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntaba que se llevaría a cabo la tramitación de expedientes conforme a la ley, además de destacar que Segovia tiene una baja tasa de paro y un crecimiento autonómico por encima de la media autonómica, a lo que se une el aumento de población y la diversificación económica. Y yo me pregunto, si somos tan ricos y tenemos tantas cosas buenas, ¿por qué viene una mina china a decirnos que la necesitamos para nuestro desarrollo económico? No entendemos el argumento de la mina, que se contrapone al de la Junta. Ahora lo que nos preguntamos es  cómo diciendo esto desde Castilla y León pueden permitir que venga una mina con un proyecto que no debería haber sido admitido.  Dicen que van a funcionar según la normativa, pero es que la normativa minera es muy antigua y data del año 1973, ahora esa normativa deberían entenderla desde la visión de 2023, no podemos estar funcionando con esta norma.