El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado al "respeto" y "cumplimiento" de la norma a la hora de valorar el proyecto de la empresa Erimsa de abrir una gran mina de cuarzo en el nordeste de Segovia, plan que la mayoría de vecinos afectados han rechazado.
Durante una visita a la localidad segoviana de Cantalejo, Mañueco ha sido preguntado acerca de este plan, para el que la empresa Erimsa, una filial de la compañía noruega Elkem, cuyo accionista mayoritario es el grupo chino National Bluestar, ha pedido autorización a la Junta.
La mina ocuparía 1.692 hectáreas en seis pueblos de la provincia y los alcaldes de estas localidades -dos del PP y cuatro del PSOE- han presentado alegaciones porque consideran que tendría "muchos perjuicios" y ningún beneficio económico para la zona.
Hoy Mañueco ha señalado que en este tipo de cuestiones "hay que valorar todas las implicaciones que existen": por un lado, "la posibilidad de que haya oportunidades de empleo y de futuro" y, por otro, el respeto a las normas medioambientales.
A continuación, ha lanzado un mensaje de "compromiso" con el medio rural en cuanto a servicios públicos y a la creación de empleo en el medio rural, no solo en el campo, sino también en el turismo, en la hostelería, la industria y otros sectores.
Sobre la mina, se ha referido a lo ya expresado sobre este asunto el pasado sábado en Segovia por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Al ser preguntado por este tema, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "la Junta de Castilla y León no es una administración que otorga o niega por capricho o por voluntad política" este tipo de autorizaciones.
Ha recordado que la legislación europea, nacional y autonómica es "muy exigente" en cuanto a la documentación, como la declaración de impacto medioambiental, que es realizada "con informes técnicos no de políticos, sino de personal funcionario"
"Por lo tanto, si pasa el plácet de los requisitos medioambientales, es un acto obligado conceder autorizaciones; porque es que, si no se conceden, los tribunales las concederán y, si las concedemos sin el plácet ambiental adecuado, los tribunales las echarán abajo", ha concluido.