Con fecha del pasado 2 de junio se formalizaba una actualización del contrato de rehabilitación del Teatro Cervantes con dos modificaciones: una económica, al ampliarse su presupuesto en 902.306 euros y pasar así a 9.943.448; y otra de plazo de ejecución, que se elevaba de 42 a 45 meses. Dos cambios que, en realidad, venían de mucho más lejos aunque el fin del proceso de tramitación sea reciente, ya que se justifican en las nuevas condiciones de trabajo y abordaje de la obra derivadas del acuerdo que hubo que alcanzar con el Obispado el año pasado para ocupar terrenos del Seminario e iniciar el tajo en abril del año pasado. No obstante, el contrato aún debe incorporar otro modificado de cara a la nueva reanudación de las obras, que llevan paradas desde diciembre de 2022 por riesgos de estabilidad detectados en la Muralla y otros inmuebles colindantes debido a las vibraciones que se producían al picar roca. Y esa nueva actualización aún está por cuantificarse.
Tampoco se espera que pase ya demasiado tiempo de parón, en cualquier caso. De hecho, tal y como publicó El Día en su edición impresa del 7 de julio y en la digital al día siguiente, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) «se trabaja con la estimación de que las obras puedan reanudarse para septiembre», según respuesta facilitada por escrito a esta redacción el 20 de junio, a través de su gabinete de comunicación. Y además, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguraba el pasado miércoles que la reanudación de las obras es «inminente», si bien no concretaba plazos y está por verse en qué se traduce tal anuncio; es decir, si se considera «inminente» una espera extra de dos meses o si se recortan los plazos que dio el Mitma semanas atrás.
Entretanto, sí es un hecho que, según el comunicado que difundió el propio Ministerio el mismo miércoles, su secretario de Estado, David Lucas, aprobó el pasado 6 de julio la continuación de los trabajos «de manera provisional», una alternativa administrativa que ya citaba el Mitma en el escrito que remitió en junio a esta redacción y que permite seguir abordando la obra sin esperar a terminar todo el proceso de tramitación del modificado de contrato pendiente; es decir, el que exigen las nuevas condiciones de trabajo para evitar las inquietantes vibraciones.
Respecto a las nuevas condiciones de trabajo que se han ideado para poder continuar con la ejecución de la rehabilitación, «la dirección facultativa de las obras ha adoptado una serie de soluciones que afectan al sistema de excavación y al procedimiento de demolición de la cimentación de la estructura preexistente», afirmaba el Ministerio en su comunicado del miércoles. Asimismo, se reducirán las dimensiones previstas inicialmente para la planta sótano, aunque desde el Ministerio se matizaba que dicho ajuste se adoptará «sin apenas repercutir sustancialmente en los espacios representativos o en el programa de necesidades».
Así explicaba el Mitma «la solución técnica» a la que aludió Barcones el miércoles, y que al darse por buena a nivel interno, se considera aval administrativo suficiente para no tener que esperar a que se complete la tramitación del modificado del contrato. Y eso, según dijo, a pesar de que aseguró que todavía no se ha cuantificado el nuevo sobrecoste que conllevarán estos nuevos cambios en una obra que, cuando se reanude, tendrá por delante, como mínimo, tres años y tres meses más de plazo de ejecución.